Escapar para no perder la voz

Las periodistas Michelle Mendoza y Stef Arreaga, así como las hermanas Lucía y Andrea Ixchíu, se encuentran exiliadas, lejos de su familia. Durante el gobierno de Alejandro Giamattei, muchos periodistas, jueces, fiscales y defensores de derechos humanos están siendo víctimas de acoso cibernético y persecución judicial. Estas son sus historias.

Texto: Lucía Escobar/ Edición: Carolina Gamazo / Fotos: Cortesía de las periodistas

Para tomar la decisión de irse de Guatemala, dejar su casa, su familia y a sus hijas, con todas las implicaciones que el desarraigo incluye, Michelle Mendoza, corresponsal en Guatemala para CNN, tuvo que llegar a un límite. 

Viajé a Washington D.C para conocer las razones de esta decisión. Cuál había sido el límite que la había expulsado del país donde llevaba más de 15 años haciendo periodismo, con una exitosa carrera. 

Michelle me recibió en el lugar que comparte con una “roomate”, quien sin conocerla le abrió las puertas de su casa. “Pude haber sido una asesina serial, una loca empedernida”, bromea y agradece por ese acto de confianza de una desconocida. 

Michelle Mendoza era una figura notable en Guatemala, ni ella ni sus reportajes para la cadena internacional pasaban desapercibidos. Cubría todos los hechos de alto impacto del país que, en Guatemala, son muchos. Reportó la tragedia del deslave del volcán de fuego, acompañó las caravanas migrantes que durante el 2018 al 2021 atravesaron el país hacía Estados Unidos, mientras investigaba y exponía la corrupción en el gobierno.

Durante su trabajo como reportera de CNN, Michelle recorrió cientos de municipios del país.

Como muchos de sus oyentes, me enteré de su exilio por redes sociales. Y fui testigo del acoso cibernético, que fue creciendo a medida que su trabajo se hacía más visible. 

El primer año de Michelle en Washington fue de mucha inestabilidad y de cambios. Hoy la periodista se está adaptando, quiere hablar y contar su historia. 

Volvamos un poco en el tiempo para entenderla.

En septiembre del 2017, el ex presidente Jimmy Morales intentó expulsar a la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala) a través de un video en donde declaró non grato al comisionado Iván Velásquez. Ese momento fue un parteaguas para el país, y la relación  entre medios de comunicación y autoridades cambió. 

“Empezaron las demostraciones de fuerza”, recuerda Michelle. Cuestionar la decisión de desconocer a la CICIG, era parte del trabajo de cualquier periodista. Pero las autoridades comenzaron a verlo como tomar bando. “Tú estás haciendo tu trabajo, haciendo las preguntas que tenés que hacer”, explica la periodista. Pero las amenazas a Michelle tuvieron desde un inicio un claro sesgo de género y también una marcada misoginia. A Michelle le querían dar donde más le duele, en su integridad como mujer. 

En conferencia de prensa Jimmy Morales decide expulsar a la CICIG /ARCHIVO No Ficción

En esos meses, Michelle tuvo la primera amenaza de violación: descubrió que alguien muy importante había ofrecido entre 300 y 500 mil quetzales para que le dieran “un susto”, que incluyera violarla. La periodista confrontó a sus fuentes, se aseguro de que la información fuera cierta y cuestionó a las autoridades supuestamente responsables. Tuvo una reunión con el vocero del entonces presidente Jimmy Morales, y con el Ministro de Defensa para explicar que, según sus indagaciones, las amenazas venían del Estado Mayor Presidencial. Esto coincidió con una persecución que sufrió en una de las avenidas principales del país. Confrontar a las autoridades responsables hizo que las amenazas cesaran por un tiempo. Y que ella pudiera continuar haciendo su trabajo. 

Pero la seguridad no mejoró con el siguiente gobierno, el de Alejandro Giammattei, quién tomó el poder en enero del 2020 y quien, desde el primer momento, fue dejando claro que continuaría con la línea del gobierno anterior: borrar todo rastro de la CICIG y continuar con la narrativa de que esta comisión fue lo peor que sucedió en Guatemala. Pero, con el apoyo de la fiscal general, Consuelo Porras, hoy incluida en la lista Engel de Estados Unidos de grandes corruptos, y el apoyo de la maquinaria del Estado, el presidente Giammattei comenzó a transitar una línea aún más peligrosa, la de la venganza. Venganza hacia quienes había perseguido la corrupción y también hacia quienes la estaban poniendo en evidencia. Una de ellas era Michelle Mendoza, una de las periodistas más conocidas del país, la cara visible ante el público internacional del descalabro de la democracia guatemalteca. 

Ella siguió trabajando. Cubrió la corrupción en el Centro de Gobierno, una institución creada por el actual presidente, el financiamiento electoral ilícito, el negocio de las vacunas de Covid-19, las caravanas migratorias: todos, temas controversiales. 

 Michelle Mendoza junto con la periodista Claudia Méndez y la ex fiscal general Thelma Aldana en Estados Unidos.

Su trabajo provocó que los ataques se radicalizaran. A partir de ese momento, comenzó a vivir una verdadera historia de terror. Propia de thrillers, propia de los años más álgidos de persecución del conflicto armado.

Le enviaron coronas fúnebres a la casa de sus papás y, en una ocasión, le fueron a tirar un par de perros muertos a la puerta de su casa. La perseguían carros sin placas. Fotos personales suyas fueron filtradas en las redes sociales. 

La corresponsal de CNN ponía denuncias en la Fiscalía de Delitos contra la Prensa pero no pasaba nada, o no investigaban o desestimaban las denuncias. “Yo ya no salía con las niñas, no iba a fiestas, no me exponía a ir a conciertos, ya no patinaba. No hacía nada. Me convertí en presa en Guatemala”, explica 

Permaneció así durante varios meses, en los que poco a poco su vida se iba desmoronando. Pero hubo dos hechos principales que le hicieron tomar la decisión de abandonar el país.  Uno de ellos estuvo relacionado con su familia y fue uno de los más le afectó. Su hermano tuvo problemas en su puesto de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, en el que llevaba dos años. Fue despedido en el 31 de diciembre del 2020, dos días después de que su jefe le pidiera que le exigiera a su hermana, Michelle, que bajara un tuit, colgado por la periodista con un meme del presidente. Poco después, otra institución pública en la que iba a ser contratado finalmente rechazó su propuesta por su nexo familiar con la periodista de CNN. Esto se lo dijeron explícitamente. 

A partir de ese momento, las amenazas subieron de tono. Filtraron datos personales de sus hijas. Publicaron en redes su teléfono y su dirección personal. En esos días recibió varias llamadas de alerta: la Fiscal general había dado luz verde para judicializar un caso en su contra por una investigación que publicó en CNN sobre sobornos que había recibido el presidente Giammattei. 

El 3 de mayo del 2022, un año y medio después de que iniciara el acoso en su contra,  la periodista salió a Washington D.C. a pedir asilo. “Fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida porque mis hijas se quedaron en Guatemala”, recuerda.

Incluso viviendo en Estados Unidos, el acoso en su contra no disminuyó. Seguía recibiendo llamadas a diario con amenazas de violarla si regresaba. “Me mandaban videos de mujeres a las que estaban violando y yo tenía que lidiar, no solo con la amenaza, sino con la impotencia de no saber qué había sido de la persona a la que estaba viendo en ese video. Caí en una depresión espantosa”. Cambiar su número de teléfono la hizo sentirse aún más sola. Entendió que la decisión era para siempre.

Michelle Mendoza se encuentra en una nueva etapa de su vida. Está en clases de inglés, de costura, de tango, está trabajando para lograr reunirse con sus hijas y creando proyectos que le permiten seguir haciendo su labor como periodista fuera de Guatemala. 

Una nueva vida para la periodista guatemalteca la espera en la capital de Estados Unidos. 

“Tengo la solvencia moral intacta. Me quitaron mi país, mi comida, mi familia, mis amigos, mi forma de trabajar; pero no me quitaron ni mi nombre, ni mi dignidad, ni mis ganas de hacer algo por el país”, concluye. Mendoza planea plasmar su historia en un libro, ha recibido propuestas para escribir un guión e intenta reencontrarse con sus hijas. 

Ahora la periodista se mueve en patines y metro por las calles de Washington. Asiste a reuniones con otros guatemaltecos, que también se encuentran exiliados en la capital estadounidense. Su vocación de comunicadora sigue intacta, así como sus ganas de dar a conocer lo que sucede en Guatemala. Callarse no era una opción.

Michelle Mendoza es una al menos cinco periodistas guatemaltecas que en los últimos dos años han dejado el país ante amenazas que no cesan. Ellas dejaron su medio de sustento y su familia, drásticamente. Lo que han vivido por hacer su trabajo es una larga lista de delitos que van desde amenazas de muerte, hostigamienta, calumnia y difamación, hasta acoso sexual, y cibernetico. 

José Ruben Zamora, fundador de elPeriódico se encuentra en un proceso judicial viciado.  / OLIVER DE ROS 

Acoso y derribo hacia la prensa en Guatemala

La prensa en Guatemala se encuentra en la actualidad en una situación sin precedentes. Muchos periodistas han sido denunciados judicialmente y sus casos se encuentran en investigación con pocas posibilidades de tener un juicio justo. 

El caso más emblemático, el que supuso el parteaguas para la situación de la prensa en el país, fue el de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, quien se encuentra preso desde el 29 de julio de 2022. Su juicio ha estado lleno de irregularidades procesales, se ha criminalizado a sus abogados, a periodistas, e incluso a quienes publiquen opiniones al respecto (caso Mullet). Y elPeriódico, después de 27 años de existir, se vió asfixiado económicamente y en mayo del 2023 dejó finalmente de publicarse, tanto en papel como electrónicamente.

En la primera semana de junio del 2023, la fiscal general Consuelo Porras, violando el artículo 35 de la ley de Libre Emisión del Pensamiento, dió la orden para investigar a nueve periodistas y/o columnistas de el diario elPeriódico, exigiendo sus artículos y notas como prueba. 

Los periodistas se suman así a una lista de operadores políticos o activistas perseguidos o exiliados que no deja de crecer. Jueces, magistrados, fiscales, comunicadores y defensores de derechos humanos han emigrado por miedo a ser criminalizados y no poder tener un juicio justo.. 

Esta persecución comenzó con la expulsión de la CICIG, la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público y la cooptación de las Cortes de Justicia. Consuelo Porras, y Rafael Curruchiche a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), están incluidos en la lista Engels, de EE.UU., de actores corruptos y antidemocráticos. 

Algunos periodistas, como el ex director del elPeriódico, Juan Luis Font, migraron, en calidad de exiliados, refugiados o buscando otras maneras migratorias. Otros se encuentran en Guatemala enfrentando procesos judiciales poco confiables. Hay mucha desconfianza hacía el Ministerio Público y esto ha provocado que las denuncias en la fiscalía de delitos contra la prensa disminuyan, ya que los periodistas no confían en la institución que debería protegerlos. Algunos, como Stef Arreaga, tuvieron también que salir al exilio.

Stef Arreaga salió con su familia, luego de que desconocidos dispararan tiros afuera de donde se encontraba.

Stef Arreaga y el caso del Hogar Seguro        

Un día, al salir de una reunión relacionada al caso del Hogar Seguro, Stef Arreaga, periodista actualmente exiliada, escuchó más de siete tiros al aire afuera de su casa. No era la primera vez que tenía este tipo de sustos. Pero si fue una de las veces que más repercusiones tuvo en su vida. “Las autoridades hicieron un levantamiento de cascabillos”, pero no pasó nada. 

“Dos días después estábamos en Estados Unidos con mis hijos”, cuenta desde Bostón, Masachusset.  Stef también se encuentra en el país norteamericano desde noviembre del 2021. A diferencia de Michelle, quien viajó sola, Stef pidió el estatus de refugiada junto con sus tres hijos menores de edad.

Stef Arreaga es periodista y fundadora del colectivo Ocho Tijax, una organización que da acompañamiento a las familias de varias niñas asesinadas y  algunas sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, sucedido el 7 y 8 de marzo del 2017, cuando 56 niñas fueron encerradas y ardieron vivas en un fuego que mató a 41 de ellas.   

Como periodista, Stef escribía sobre temas de derechos humanos y sociales. Pero desde el suceso ocurrido en el Hogar Seguro se volcó al caso. A finales del 2017, fundó Ocho Tijax junto a su madre, otras madres y algunas familiares de las niñas. Es el caso de muchos comunicadores en Guatemala, que efectúan labores de periodismo y de defensa de los derechos humanos.

Stef Arreaga volcó su trabajo para apoyar a las sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción

Además de documentar lo que sucedía, Stef se dedicó a  encontrar archivos, analizar el caso penal y realizar entrevistas para aclarar lo sucedido el 7 y 8 de marzo del 2017. Un caso que se encuentra en fase de juicio pero que se atrasa o se suspende el juicio por excusas como el mal sonido de la sala.  Hasta el momento, casi 7 años después de la tragedia, aún no hay ninguna condena.

A medida que Stef investigaba sobre el caso, las repercusiones en su contra crecían y no solo la difamación, sino que amenazas directas, despojo de equipo a mano armada, y persecución en la calle. “Me seguían, me tomaban fotos o vídeos. Me atravesaron el carro un par de veces, hacían señales con la mano como si tuvieran una pistola. Afuera de una sala de audiencias, el familiar de una de las sindicadas sacó un arma y me insultó caminando al lado de mi mamá”, recuerda.  

Llegaban motos a dar vueltas a su casa, llegaron a patear la puerta varias veces. “Mis hijas se escondían con pánico protegiendo a su hermanito, mientras que llegaba la policía pero al final, estos no hacían nada, ni siquiera levantar un acta”, dice molesta. Se tuvieron  que esconder varias veces en diferentes lugares. Incluso, a su hija adolescente le pusieron la pistola en la cabeza para quitarle el equipo fotográfico que llevaba Stef. “Mi niña nunca volvió a ser la misma”, cuenta con tristeza.

 Al igual que Michelle, Stef puso varias denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH, y en la Fiscalía de Delitos contra la Prensa. “No avanzaba nada, solo llegaban a mi casa las cartas donde decían que la denuncia estaba desestimada. A veces me pedían que diera el nombre de los atacantes, yo no lo sabía, pero sí proporcionaba  fotos con las placas de los vehículos pero no investigaban. Era muy frustrante porque los ataques continuaron”, relata. 

En octubre del 2021, Stef fue al Congreso a cubrir una citación de los diputados al entonces procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas. Ese mismo día Rodrigo Polo, un personaje que se dedica a difamar a defensores de derechos humanos, publicó una nota donde llamaba a Arreaga “narco alfil del procurador”, y daba datos precisos del negocio familiar, la dirección de su residencia y el teléfono.

A partir de ese momento, el hostigamiento creció. Los disparos en su casa fueron el detonante que le llevó a abandonar el país. Antes de viajar, ella y sus hijos estuvieron refugiados en un hotel.

Después de un año separada de su perrita Sienna, Stef finalmente logró llevarlo con ella a Estados Unidos

Fue un momento muy duro. Tuvo que dejar toda su vida de un momento a otro y no pudo, ni siquiera, despedirse de su familia. “Yo estaba construyendo mi casa, en esos días terminaron de poner el piso. Ni siquiera pude estrenarla. Dejé a mi perra, el trabajo y mis proyectos porque tuve que salir a escondidas para proteger nuestras vidas”, explica. “Nunca fue mi plan vivir acá, el idioma es una barrera y siendo periodista es todavía peor.”  

Después de un año y medio fuera de su casa, consiguió un trabajo en un medio local latino y tiene planes de seguir haciendo periodismo para la comunidad migrante en el este de los Estados Unidos, fundando su propio medio de comunicación junto a su pareja.  Una de las más grandes alegrías que les ayudó a sanar el duelo migrante fue mandar a traer a su perra Sienna.  “Tengo la mejor de las actitudes y estoy muy positiva sabiendo que desde cualquier rincón del mundo, mi corazón sigue en Guate y voy a seguir trabajando.”

Ser mujer y ser periodista 

A finales del año pasado el Observatorio de Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) reportó que durante el gobierno de Alejandro Giammattei han ocurrido 389 agresiones contra periodistas, y que 105 de estos hechos ocurrieron de enero a octubre del 2022. La cifra de denuncias recibidas por la Fiscalía de delitos contra la prensa es mucho menor, con 274 de enero de 2020 a febrero de 2023. Ese descenso o sub-registro en las denuncias, puede deberse a que “las y los periodistas no confían en el sistema de justicia y han dejado de acudir a la fiscalía”, según el Informe Violencia contra las mujeres periodistas, realizado por la Red Rompe el Miedo Guatemala. Mientras las denuncias bajan, “la persecución estatal contra las periodistas y comunicadoras comunitarias es un hecho que ha cobrado relevancia en los últimos años, así como la violencia en su contra en el ámbito digital”, señala el documento.

La violencia digital es sistemática y dirigida. Está controlada por los llamados “netcenters”. Según una investigación de la revista Con Criterio, los “nets” se dedican a desprestigiar y a calumniar a los criticos del gobierno. También en un artículo de Vox Populi, se concluye que son coordinados desde la mismísima Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Los netcenter son cuentas con muy pocos seguidores, sin foto de perfil, ni nombre real que comparten y difunden información falsa contra opositores del gobierno. Ponen apodos, y calumnian. En el informe Violencias contra las mujeres periodistas se ejemplifican varios casos de acoso y calumnias. A la columnista Sandra Xinico, la atacan casi a diario con comentarios racistas y ofensivos. A una periodista que cubrió la marcha de la mujer del 8 de marzo se le tachó de abortera y de asesinar bebés. A otra periodista extranjera, le dicen que se regrese a su país o que fuma marihuana. Estas cuentan ponen y difunden apodos como LadyCuquitos, Iguana Mascadora, Narcoalfil, Gata Mojada, etc. con el fin de humillar a las periodistas y hacer que se autocensuren. 

A continuación, como ejemplo, solo algunos de los centenares de tuits de acoso a Michelle Mendoza, apodada por los netcenters como la “iguana mascadora”

Los orígenes de Bertha la Iguana Mascadora. pic.twitter.com/pAdJzRUdM7

— Eriol (@Eriol_Gt) June 22, 2022

La edecan y activista disfrazada de periodista, alias 'La Iguana Mascadora' resulto ser tan corrupta como le señaló a funcionarios de gobierno y demáa políticos del país.

Ahora está huyendo. Se hará la vístima y se auto denominará perseguida política.

– La misma historia... pic.twitter.com/iWxXnSc4zz

— El_Irreverente (@ElIrreverenteGT) April 30, 2022

Andrea y Lucía, abonadas

En septiembre de 2020 las hermanas Ixchíu se encontraban grabando un documental para la serie Cura de la Tierra sobre el bosque de Totonicapán cuando fueron emboscadas por taladores ilegales que las golpearon a ellas y a los guardabosques porque no querían ser filmados cometiendo un delito. 

A Andrea le rompieron las costillas. Fue hospitalizada.

Andrea Ixchíu llevaba entonces más de quince años siendo comunicadora comunitaria.  Es co-fundadora de la red Tz’ikin, la cual co-dirigió 8 años y ha colaborado en medios internacionales. Como periodista en Guatemala ha publicado en La Cuerda, elPeriódico, Prensa Comunitaria y Plaza Pública, tratando temas de cultura, territorio y recursos naturales. 

El acoso en su contra, recuerda, comenzó cuando tenía 10 años y realizaba un programa de televisión en la iglesia de la Pastoral Católica. Desde ese tiempo comenzó a sufrir descalificación por su trabajo. Decían que era un títere de sus papás. El programa era un éxito y generaba una serie de reflexiones que provocaron que lo cerraran y que el cura que lideraba el proyecto saliera al exilio. 

Su hermana, Lucía, tres años menor, se hizo comunicadora unos años más tarde, en 2012, tras la primera masacre en tiempos de paz, en Alaska, Totonicapán, con un saldo de 6 muertos y varios heridos a cargo del ejército de Guatemala.

Andrea es directora de Hackeo Cultural, una empresa de comunicación estratégica. 

Andrea y Lucía hicieron equipo. Lucía también trabajó en Prensa Comunitaria. Durante diez años acompañó procesos de presos políticos y creó los Festivales Solidarios para dar visibilidad y acompañamiento a las comunidades en territorios que resisten la minería como La Puya o que se oponen a la industria cementera como en San Juan Sacatepéquez. “Después de la masacre de Alaska, la violencia fue escalando a niveles cada vez más gruesos”, recuerdan. Lucía  y su pareja fueron retenidos por paramilitares en 2016. En 2017, Lucía fue  denunciada por agresión durante una audiencia del caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen. 

En 2020, ambas hermanas sufrieron varios casos de criminalización judicial, unos siguen abiertos y otros en suspenso. “Del 2012 para acá he puesto más de una docena de denuncias en el Ministerio Público por todas las agresiones que hemos vivido y todas las han cerrado por falta de investigación”, comenta Andrea. 

A pesar de estos años de contínuo hostigamiento (vivieron retenciones ilegales de parte de para militares, vapuleos, difamación), al igual que en el caso de Michelle y Steff, el cambio de gobierno, la expulsión de la CICIG, y la dirección de Consuelo Porras al frente del MP, agravó su situación.

Lucía Ixchíu se considera una refugiada exiliada migrante quiché, “centraca”.

El 21 de noviembre del 2021, Lucía se encontraba en la manifestación en contra del gobierno de Alejandro Giammattei. Ese día un grupo incendió una parte del Congreso. Ese día más, tarde, llamaron a Lucía de una emisora de radio para intentar incriminarla en el hecho. 

“Usaron el caso de nuestra agresión en el bosque para querer obligar a Lucía y a Carlos a presentarse a repetir la declaración”, repasa Andrea, quien tenía la representación legal para seguir con el caso de los taladores. “Nos enteramos de que, efectivamente, nos iban a criminalizar por el caso del Congreso y que iba a ser de una forma completamente arbitraria, sin dejarnos margen de defensa”, explica Lucía.

“Para mí, la cárcel en Guatemala no es una opción. Yo no me considero víctima de nada, ni nadie. Yo soy sujeta de mi propia historia. Veo el desarraigo como una forma de sobrevivencia ante la prisión y ante el intento de homicidio”. Así que verse entre la cárcel o la muerte, es lo que la obligó a salir de Guatemala. Estuvo escondida en Guatemala, también en Costa Rica en una casa de acogida y luego viajó a España, donde le dieron asilo político. 

“Guatemala es una dictadura. Aspirar a llevar un proceso legal justo es un poco romántico. ¿Te imaginás qué nos pueda pasar a nosotras, unas indias incómodas para medio mundo? Tanto la derecha como la izquierda nos quiere chingar. Entonces, obviamente ahí no quedaba otra que moverse para construir esos mundos posibles donde se pueda y donde la gente los reciba”, dice Lucía, desde su exilio en España.

Andrea Ixchíu no ha dejado de viajar desde que salió de  Guatemala. Su trabajo la ha llevado en una gira sin retorno.

Lucía salió de Guatemala en marzo del 2021, cuando comienzaron a circular noticias falsas sobre el asesinato de un “supuesto hermano” de las Ixchíu. Amigos en común, las llamaron para decirles que  lo único que les quedaba en Guatemala era la cárcel o la muerte. 

En el caso de Andrea, ella salió en noviembre del 2021 a un evento político y, cuando volvía de regreso, le avisaron que podía tener una orden de captura. Ella decidió que no va a pasar un solo día presa, pues conoce el sistema de justicia, y no confía en él. 

La criminalización que este gobierno esta realizando contra cualquiera que manifieste se evidenció con los casos de la estudiante Dulce Archila (20 años) y la activista Nanci Sinto (31 años), quienes dos años después, aún se encuentran en un proceso judicial por el delito de depredación del patrimonio cultural por presuntamente haber dañado el edificio del Congreso con unas pintas durante una manifestación. 

Antes de instalarse en México, Andrea viajó y trabajó en Inglaterra y Brasil, gracias a su consultora de comunicación estratégica. “Me busqué otras vías para legalizarme en México, no solicite asilo político y ahí he ido poco a poco abriéndome camino por mi propia cuenta”, cuenta.

Mientras tanto, a Lucía Ixchíu y a su pareja les ha tocado sobrevivir facilitando talleres, haciendo transcripciones; lo que sea. Festivales Solidarios continúa con una nueva generación que la coordina en Guatemala.

Andrea se mantiene viajando, activa con su proyecto Hackeo Cultural, y está construyendo una gira de solidaridad con Guatemala. “Ha sido duro, me tiraron mierda y lo que me tiraron fue abono y me salieron flores”.

Lucía concluye la entrevista afirmando: “No cumplimos con el estereotipo de las buenas exiliadas que están en pobreza extrema y en sufrimiento absoluto. Se trata de vivir y de disfrutar nuestra vida. El mundo colonial y patriarcal no está preparado para mujeres indígenas, no está preparado para nosotras”, dice Lucía.

“He podido reflexionar que sí fue una buena idea salir porque quedarnos para estar en silencio, eso sí era matarnos”, finaliza Andrea.

La violencia es diferenciada

Este 2023 es un año crítico para la prensa independiente en Guatemala./ EDWIN BERCIÁN/NO FICCIÓN

Desde que inició el gobierno de Giammattei, Michelle Mendoza, Stef Arreaga, Andrea y Lucía Ixchíu están afuera del país, sin posibilidad de regresar pronto. Otras, como Melissa Rabanales de Radio Ocote están sufriendo también persecusión judicial por hacer su trabajo. La periodista comunitaria Anastasia Mejía, directora de Xol Abaj Radio y Tv, estuvo presa y enfrentó hace poco un juicio al ser criminalizada por el alcalde de Joyabaj cuando cubría una manifestación que terminó con destrozos en la municipalidad. El 6 de febrero del 2020  fue asesinada la locutora Irma Chinchilla en Salamá, Baja Verapaz y aún no hay culpables presos. La reportera Julia Xuyá de Chimaltenango fue retenida ilegalmente y criminalizada con el sistema de justicia en mayo del 2020. A Ana González, reportera de Totonicapán, el tribunal de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, violentó su derecho de libre expresión al restringirle por dos años, mediante una sentencia, su derecho a ejercer el periodismo y participar en una radio comunitaria. Otras reporteras han denunciado que se les ha negado acceso a las fuentes, se les ha retenido ilegalmente y se les ha acosado en redes sociales. 

Según el Informe Violencia contra las mujeres periodistas, “ningún crimen contra periodistas es casual, ni sucede por generación espontánea, ni por venganza personal. Se trata de delitos dirigidos a silenciar voces y evitar la publicación de investigaciones que develan la corrupción”.

La violencia contra las mujeres periodistas persigue silenciarlas y ocurre tanto en lo público como en lo privado, y en el ámbito digital.  Se produce por el hecho de ser mujeres, por ejercer una profesión que rompe con el rol asignado a las mujeres.

Claudia Samayoa, directora de UDEFEGUA (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos), analiza la diferencia de acosos que reciben las mujeres periodistas. En sus monitoreos han creado la categoría de hostigamiento y también han estudiado el ataque a la familia. “Muy pocas veces se meten con la familia de los periodistas hombres. Pero el ataque a la familia es una forma de ataque a ti, te atacan a ti a través de tu familia”, dice.

Cuando una periodista o un defensor de derechos humanos se encuentra en situación de alto riesgo, UDEFEGUA les recomienda viajar por un tiempo, enfriarse, explorar una salida temporal. Pero si al regresar el ataque continúa las personas deben decidir si seguir viviendo en el país, pase lo que pase; si prefieren salir del exilio y desentenderse de todo, o salir y seguir buscando alternativas de vida que les permiten seguir haciendo el mismo trabajo.

En el foro Violencia diferenciada, el riesgo de ser mujer periodista en América Latina, Paula Saucedo, de Artículo 19, explica: “Muchas periodistas y también otras personas de la diversidad de género y sexual cubren temas que les atañen directamente como feminicidios o de violencia contra mujeres o derechos humanos y generalmente son atacadas de la misma forma. Entonces, si están investigando feminicidios, muchas veces reciben amenazas de violencia sexual”.  

Según datos de la Fiscalía de delitos de prensa, de 274 denuncias realizadas de enero de 2020 a la fecha, solo 9 casos llegaron a juicio, apenas un 2.46 por ciento. Sin embargo, investigaciones de la Red Rompe el Miedo Guatemala y del informe Violencia contra mujeres periodistas señalan que los principales agresores son el funcionario público, agentes de la Policía Nacional Civil, alcaldes, comisarios y otros funcionarios públicos locales como concejales o jueces de asuntos municipales. El informe también afirma que, aunque el Estado y los funcionarios públicos son los principales violentadores, también quienes representan a empresas extractivas, sus compañeros y jefes también las vulneran y atacan. “El objetivo es el silenciamiento por medio de la imposición del miedo. Una forma marcada de violencia institucional es la omisión, la falta de respuesta, de acceso a la justicia, de marcos legales, de sistemas de registro y de servicios de atención adecuados” concluye el informe.

“El hostigamiento trastoca todos tus espacios, todas tus redes, todos tus afectos; y cuando eso pone en riesgo ya no solo tu integridad desde tu individualismo sino a tu red familiar, a tu sistema familiar, entonces es insostenible. ¿Qué tanto le sirve a nuestro país el seguir sembrando mártires en la tierra?”, reflexiona Andrea desde su residencia actual en México. 

Las viudas y los huérfanos del régimen de Bukele

En El Salvador se desconoce el número de mujeres que han sido arrestadas durante el régimen de excepción. También el número de viudas y huérfanos a causa de los abusos gubernamentales. María, Teresa, y sus hijos pequeños, son algunos de ellos. 

Texto: Loida Martínez Avelar / Revista Factum / Fotografías Natalia Alberto

María tenía cuatro meses de estar en la cárcel cuando comenzó a olvidar el rostro de su hija de siete años. No recordaba cómo era, qué gestos hacía ni cuáles eran sus juegos favoritos.  

“Fue por la incertidumbre y por estar pensando que allá adentro me iba a morir. Fue cruel, porque sabía que tenía una hija, pero no lograba recordarla”, dijo con la voz entrecortada en una conversación en un restaurante, cuatro meses después de ser puesta en libertad. 

María es una de las mujeres arrestadas durante el régimen de excepción de El Salvador. Este fue instaurado por el gobierno de Nayib Bukel hace más de un año, el 27 de marzo de 2022, después de un fin de semana funesto en el que fueron asesinadas 87 personas. Hasta la fecha, ha dejado más de 65,795 personas detenidas. Presos que se han visto en imágenes hacinados e hincados en el suelo, recordando a centros de concentración.

Aunque en estas fotos no se ha visto mujeres, varios centenares se encuentran recluidas en centros penitenciarios. No se conoce el número exacto, pues las autoridades no han ofrecido mayores datos sobre las detenciones, clasificándolos, en general, como “terroristas”, sin que se haya realizado el debido proceso. 

La vida nunca será igual 

La pesadilla empezó un domingo de julio de 2022. María, su pareja, y su hija de siete años, estaban de visita en la casa de un familiar cuando dos agentes llamaron a la puerta y les pidieron su documento de identidad. Inmediatamente, recuerda María, les dijeron que se los llevarían a una delegación. Los acusaron del delito de asociación ilícita y colaboración con pandillas, el motivo por el que han sido detenidos la mayoría de salvadoreños. Sin orden de captura y sin evidencia, María y su pareja fueron enviados a la cárcel. 

Al día siguiente,  ella fue trasladada al ex centro penitenciario de mujeres en Ilopango. La histórica cárcel para mujeres en El Salvador, actualmente para hombres. Los custodios la recibieron con una golpiza. También la insultaron y la forzaron a decir que era pandillera. Según cuenta, sin integrar el grupo delictivo y coaccionada, tuvo que firmar un acta en la que admitía que era una integrante. 

Estuvo en los penales de Ilopango y Apanteos durante seis meses. Recuerda los largos días en que dos custodios, identificados como Pablo y la señora Gata, le pegaban con la macana. Le quitaban el derecho a salir al patio a recibir el sol, no la dejaban caminar ni hacer otra actividad. no dejaban que se bañara y la ponían a ver una pared todo el día. 

Durante esos días, adquirió una picazón en la piel que la torturaba. Adelgazó 40 libras. Las raciones de comida, arroz y frijoles, según relata, son escasas y apenas sacian el hambre de las arrestadas. 

María dejó de menstruar durante los meses en que estuvo en prisión. Ella lo atribuye a su mala alimentación, al estrés y al pánico que vivió todos los días. Los sanitarios y las duchas estaban sucios y tenían mal olor. No le gustaba sentarse y se enfermó de mal de orina. 

La sensación a gas pimienta con el que las rociaban frecuentemente sin motivo, también le ha quedado impregnada en la piel y el recuerdo de esos momentos sigue muy vivo en su mente. “No se puede respirar, quema la piel y la mente lo traiciona a uno porque siente que se va a ahogar y uno dice me voy a morir. Mucha gente caía desmayada”, cuenta María. 

Elián sostiene una foto de su padre Adrián, quien falleció en un hospital trasladado desde la cárcel. Según la esquela forense, murió por asfixia mecánica por estrangulación.

Viudas y huérfanos del régimen

Adrián fue arrestado la noche del 18 de abril de 2022 mientras veía televisión en su casa junto a su mujer, Teresa, y Elián, su hijo de cuatro años. Habían cenado frijoles con crema y tortilla. Dos policías tocaron al timbre y al abrir la puerta preguntaron por él con su nombre y apellido. Le dijeron que únicamente le harían unas preguntas y se lo llevaron. Esta fue la última vez que Teresa  y Elian lo verían. 

Pasaron dos meses y medio. Teresa no pudo dormir ni comer por la preocupación, donde no dejó de pedir a Dios que le devolviera a su esposo. Un día estaba en su casa cuando nuevamente llamaron al timbre. En esta ocasión, eran los delegados de una funeraria. Ella no quiso pensar en lo peor. Pero sucedió. Avisaron a Teresa de que Adrián, aunque no estaba enfermo cuando fue encarcelado, había muerto en un hospital.

Adrián, el esposo de Teresa, es una de las 153 personas que han muerto en las cárceles bajo custodia del estado salvadoreño, después de ser arrestadas durante el régimen de excepción, según los registros de la organización de la sociedad civil, Cristosal. Documentos, testimonios de familiares y esquelas de medicina legal dejan en evidencia que fueron torturados.

Hoy Teresa reflexiona en la esquela forense que dice que su esposo falleció por asfixia mecánica por estrangulación el 4 de julio de 2022 en el Hospital Zacamil de San Salvador. Un médico dijo a los familiares que tenía moretones en el cuello, lo que indicaba que lo habían sometido con un palo. Las averiguaciones de la familia apuntan a que a Adrián lo afectó una denuncia anónima; sin pruebas. 

Teresa llora al recordar los meses en que su esposo estuvo en prisión. Tuvo incertidumbre de no saber nada de su pareja cuando estuvo recluido.

Las causas de las muertes, según las esquelas preliminares del Instituto de Medicina Legal según los expedientes de Socorro Jurídico son asfixia, edema de pulmón o de enfermedades de los riñones, infartos y diabetes. Familiares, junto con el personal de funerarias, revisaron los cuerpos de los fallecidos y encontraron golpes severos en sus cabezas y tórax.

Esa organización, que brinda asistencia jurídica, ha recabado fotografías, testimonios de familiares de fallecidos y documentos que evidencian los maltratos que están ocurriendo dentro de las cárceles. 

“Dios siempre bendice ¿vea? Pero no ha sido fácil la vida para nosotros desde que a él lo detuvieron, y aún más difícil cuando ya lo entregan muerto, ¿verdad?”, recuerda Teresa.

German Cerros, psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, explica que perder un familiar, ya sea porque está arrestado o porque murió dentro de una cárcel bajo custodia del Estado, se convierte en un duelo anticipado, provocando, en algunos casos, una posible tortura. 

A juicio del profesional, el Estado no logró dimensionar el impacto emocional que generarían las capturas en las familias; especialmente en las esposas e hijos. 

“En un poco más manejable perder un familiar por una enfermedad, por cáncer o por equis enfermedad terminal, en la que la misma familia se prepara emocionalmente o, por lo menos, logra buscar herramientas para contener y poder sobrellevar la pérdida", dice el profesional en salud mental. “No duele igual cuando la muerte es abrupta, como lo que ha ocurrido en los centros de detención, cuando está en manos del Estado en donde nosotros depositamos nuestra seguridad”, agrega.

Vidas en pausa

Seis meses después de haber sido arrestada, María salió de prisión luego que no pudieran comprobarle ningún delito. La noche en que llegó a su casa, sus padres la ducharon y quedaron asombrados al ver su cuerpo esquelético y marcado por una alergia en la piel que, hasta la actualidad, le arde y duele. María vio a su hija, nuevamente su rostro, y la abrazó. Todos lloraron.

A pesar de haber salido de prisión, su vida sigue estancada. Actualmente, al igual que muchas de las mujeres cuyas parejas fueron encarceladas, una preocupación le nubla todo lo demás: la incertidumbre sobre el paradero y la integridad física de su pareja. 

De no haber sido detenida durante el régimen de excepción se habría casado con Mario, pues estaban comprometidos para sellar legalmente su relación en diciembre de 2022. La incertidumbre de su proceso judicial le deja muchas preguntas respecto a su destino sentimental. “Hasta ahorita yo no sé si pueden seguir los planes, porque no sé si mi pareja está vivo, para mí sigo comprometida, pero no sé qué vaya a pasar en este caos que estamos viviendo”, enfatiza.  

Las mujeres salvadoreñas han sufrido de frente las secuelas del estado de excepción. Según la información revisada en 100 expedientes de privados de libertad, las mujeres afectadas son en su mayoría jóvenes, tienen entre uno y dos hijos, no tienen un empleo formal y comparten su casa con otros familiares para compartir los gastos. 

Se les ve afuera de los penales acampando por días y esperando noticias de sus familiares. O en las oficinas de organizaciones sociales, buscando apoyo legal para sacar a sus presos de las cárceles. Sostienen que las capturas son arbitrarias e injustas. De los 100 expedientes leídos por esta revista solo el de un detenido tenía antecedentes penales, por un caso de extorsión, del que fue absuelto en 2016. 

Asesorías jurídicas efectuadas durante el último año por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la organización Socorro Jurídico, reflejan que las consecuencias del régimen tienen rostro de mujer. Según su datos, al menos 370 mujeres, entre parejas y esposas de arrestados durante el régimen, han asumido la carga económica completa de sus hogares y se les ha incrementado las tareas de cuidados. 

Teresa también quedó expuesta tras la detención de su marido. Adrián, con su trabajo como conductor de Uber, cubría todos los gastos familiares. “Dependíamos de él, porque yo en ese momento no devengaba un sueldo. Si no fuera por el apoyo de mi suegra, mi cuñada, y la familia de él; no nos hubiéramos sostenido ni económicamente. No hubiéramos tenido ni para comer”, comenta Teresa. Pero para ella hay una preocupación aún mayor, la situación en la que quedó su hijo, Elian, ahora huérfano. 

Elian, de cuatro años, enfermó tras la noticia de que su padre había fallecido tras ser arrestado durante el régimen de excepción.

La policía se va a llevar a mi mamá

En los primeros días, tras el arresto de Adrián, Elián lloraba seguido por las noches. Preguntaba por él. Pero la situación de este niño de cuatro años empeoró el día que le dijeron que había fallecido. “No fue nada fácil decirle a mi hijo que su papá ya no iba a volver. Y más desgarrador cuando lo vio en el ataúd”, lamenta. 

Días después de la muerte de su padre Adrián, Elian se enfermó. Bajó de peso porque no comía y pasaba llorando por su padre. “Le hace falta jugar fútbol y ver televisión con su padre”, explica Teresa. “Ahora tengo que pensar primero en ser madre antes de ser mujer”, dice la ahora viuda. En medio de su inocencia, el pequeño escucha con atención las conversaciones de los adultos y pregunta cuándo volverá.  

Al igual que Teresa, María se da cuenta de que los daños colaterales del arresto salen a la luz cada vez que su hija mira a soldados y militares en la calle. La estela verde olivo que cubre las comunidades y avenidas la aterra. “Ella no puede escuchar que los perros ladran porque me dice: la policía me va a llevar a mi mamá. Cuando los mira en la calle se pone nerviosa y pide ir al baño”, confiesa mientras se frota las manos. 

Los hijos e hijas de las personas arrestadas durante el régimen de excepción, también son víctimas indirectas de la política de seguridad pública. Al menos 670, entre niños, niñas y adolescentes, han quedado a la deriva debido a que su padre o madre está en prisión, según los registros del IDHUCA y Socorro Jurídico. 

En el caso de los niños y niñas, el psicólogo Germán Cerros, del IDHUCA, explica que la situación puede volverse más traumática, pues vivirán la ausencia de uno de los pilares de la familia y aspectos económicos hasta espirituales quedarán en el limbo. 

“¿Qué pasa cuando dentro de ese mismo grupo familiar se vota un pilar? El peso o la carga y la seguridad de la estructura familiar la absorben todas aquellas personas que quedaron”, explica Cerros, psicólogo de una institución que ha brindado más de 800 atenciones por abusos cometidos en el régimen de Bukele. 

Elián es uno de los centenares de niños que está viviendo la ausencia de su padre, arrestados durante el estado de excepción. Elián, además, quedó huérfano.

Un año de abusos 

El 14.64% de las víctimas del régimen de excepción son mujeres, según  detalla  el Informe Anual sobre violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del Estado de excepción en El Salvador, presentado por siete organizaciones de la sociedad civil. 

Madres, hijas, nietas y hasta abuelas afectadas directamente porque uno de sus familiares ha sido arrestado o porque se las llevaron a prisión. 

Han sido documentadas 4,723 violaciones de derechos humanos que han afectado al menos a 5,082 salvadoreños. Las violaciones registradas por las organizaciones son torturas, desplazamiento forzado y violencia sexual, allanamientos de morada, uso excesivo de la fuerza y acoso por parte de los cuerpos de seguridad. 

El régimen ha limitado cuatro derechos ciudadanos fundamentales para la vida cotidiana: defensa, reunión, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y ha extendido el plazo de la detención administrativa.

Teresa reflexiona sobre su papel en la vida de su hijo. “No sé qué me depara mi destino, mi prioridad es mi hijo. Me tiene solo a mí, aunque esté la demás familia no es lo mismo”, concluye.  

María acude a los juzgados a firmar cada 15 días; pues a pesar de que está libre el proceso judicial en su contra sigue en curso. Teme ser arrestada en cualquier momento, le duele, pero en este momento le afecta no poder aplicar a un trabajo formal debido a que ya tiene un antecedente penal que mancha su expediente. “Mis planes se han congelado, por ahora. Quisiera dejarle a mi hija un país donde no tenga miedo a que los policías se la lleven y donde vivir no tenga que ser tan difícil”, concluye. 

La huella del golpe aun limita los derechos de niñas y mujeres en Honduras

La Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) estuvo prohibida durante 13 años en Honduras  por un acuerdo ministerial emitido durante el Golpe de Estado de 2009. El golpe —esa ruptura de la democracia— significó para niñas y mujeres no tener opciones para prevenir un embarazo no deseado, incluso en casos de agresiones sexuales. Aunque hace pocos meses la presidenta Xiomara Castro eliminó la prohibición, la condena social sigue presente en el país.

Texto: Vienna Herrera - Contracorriente

Volantes de la PAE se pueden ver por todo el centro de Tegucigalpa. Foto CC/ Fernando Destephen

«Yo escuchaba que la PAE era abortiva, entonces era un tema del que no quería saber nada. En los medios de comunicación recuerdo que bombardeaban diciendo que eran pastillas abortistas», contó Nubia Orellana, una joven psicóloga feminista que apenas tenía 12 años de edad cuando prohibieron la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en Honduras. Y creció en este país con el miedo, la culpa y la desinformación como muchas otras niñas y adolescentes después del golpe de Estado de 2009. 

Nubia contó que enmedio de toda la desinformación e ignorancia sobre un tema prácticamente prohibido para discutir, cuando llegó a la universidad tuvo la necesidad de usarla y «empecé a mal utilizarla», dijo.   

Al acercarse a espacios feministas dentro de la universidad, comenzó a informarse sobre la PAE fuera de lo que decían los medios. El contexto era complejo, los gobiernos nacionalistas después del Golpe reforzaron el protagonismo de las iglesias en las decisiones públicas. Nubia comenzó a leer y descubrió que era un método anticonceptivo de emergencia, que utilizarla en esas ocasiones tampoco significaba lo que decían: que da cáncer, infertilidad o que es abortiva. Se involucró en el activismo feminista, a compartir contenidos en sus redes sociales y así, amigas y conocidas se atrevían a preguntarle más sobre la PAE.

Trece años después de la prohibición y de ese golpe de Estado, Honduras tiene por primera vez una presidenta mujer, una que también fue víctima de ese golpe porque ella era primera dama en aquel momento. Pero aunque la presidenta cumplió esa promesa de campaña y la PAE ahora es de libre circulación, todavía no está siendo accesible para todas las mujeres en Honduras. Las farmacias no la tienen en sus catálogos en línea y la Secretaría de Salud no tiene un presupuesto específico designado especialmente para adquirirla. 

En una solicitud de información realizada por este medio, la Secretaría de Salud respondió con el presupuesto total de anticonceptivos sin diferenciar cuánto utilizarían para que la PAE llegue a centros de salud.

«Mujeres me han buscado para preguntar acerca de este tema porque quieren saber cuándo tienen una alta probabilidad de que estén embarazadas, pero varias al final deciden no usarla porque dicen “no, yo no voy a abortar” a pesar de que se les explique que no es un método de aborto, sino que lo que hace es que se impide la fecundación», contó Nubia y explicó cómo esa condena social sobre la píldora y la desinformación ha producido que poco antes de que se eliminara su prohibición, mujeres embarazadas buscaran la píldora pensando que sí es abortiva. 

Ligia Destephen del Grupo Estratégico por la PAE (GE-PAE) —un equipo de mujeres creado en 2012 y que desde entonces no ha parado de exigir este derecho— explicó que, a pesar de la prohibición, la pastilla no se dejó de vender en el país, sino que se volvió clandestina. «Se vuelve más cara y también insegura porque las comprás y no sabés si están vencidas, si realmente es la pastilla, porque nadie la está regulando y hay quienes la compraban pensando que es abortiva o la compran y creen que después de un mes le vas a funcionar para prevenir un embarazo, entonces también ha habido mucha desinformación».

Colectivos feministas participan de la celebración del 8M en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen

El contexto en el que prohibieron la PAE

El acuerdo publicado en La Gaceta que quitó la prohibición señala que «grupos extremistas» promovieron la prohibición «como una evidente proliferación de discursos de odio o anti-ideología de género aprovechando la ruptura del orden constitucional, con el fin de promover iniciativas que violentan o restringen los derechos de las mujeres».

El Congreso Nacional hizo su primer intento de prohibir la PAE en abril de 2009. La exdiputada liberal, Martha Lorena Alvarado, presentó el proyecto de ley pidiendo la prohibición de su uso, venta y distribución, al igual que «cualquier política o programa relacionado, así como la distribución pagada o gratuita y comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia en farmacias, droguerías o cualquier otro método de adquisición». El decreto se respaldó en un dictamen del Colegio Médico de Honduras en el que señalaron que ésta era abortiva; en aquel momento el presidente del colegio era el doctor Mario Noé Villafranca.

Aunque el decreto fue aprobado por el Congreso Nacional, el entonces presidente, Manuel Zelaya, al que le dieron el golpe de Estado de 2009, lo vetó por considerarlo inconstitucional. Ese veto declaraba que la píldora había circulado libremente en el país desde hacía 10 años, que la Organización Mundial de la Salud confirmó que no era abortiva y que prohibirla «atentaba y lesionaba las garantías y libertadas declaradas en al Constitución de la República y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Honduras».

Sin embargo, a apenas cuatro meses después del golpe de Estado, el doctor Mario Noé Villafranca, quien se convirtió en el ministro de Salud del gobierno de facto, prohibió la PAE mediante un acuerdo ministerial. En 2019, cuando Villafranca era diputado en el Congreso Nacional, pidió que se revisara la prohibición después de hablar con organizaciones de mujeres sobre la PAE.

«Si bien la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) dijo algo en su momento, recapacitaron y dijeron que no es abortiva y por el bien de nuestras adolescentes y de evitar embarazos no deseados, en algo que ya tiene una posición la FDA y la misma iglesia católica debe ser considerado por la comisión de salud de este soberano Congreso Nacional de Honduras», dijo Villafranca señalando que sentía preocupación sobre adolescentes violadas que no tenían opción para evitar un embarazo. 

Después de la intervención de Villafranca, nadie más en el Congreso Nacional tocó el tema. El Grupo Estratégico por la PAE se reunió con cada ministro y ministra de Salud que ocupó ese cargo desde el 2009.

Las organizaciones señalaron que, aunque algunos ministros eran más abiertos e incluso les decían que tenían razón, aseguraban que no podían eliminar la prohibición porque necesitaban respaldo del mismo Poder Ejecutivo. 

Las víctimas de los 13 años sin PAE: sobrevivientes de la violencia sexual

En 2009, cuando la PAE fue prohibida, el Ministerio Público recibió unas 1241 denuncias de niñas y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, para 2022, hubo casi 3 mil casos denunciados. El Centro de Derechos de Mujeres recopiló un dato impactante: de esas 3 mil denuncias, la Secretaría de Salud registró que menos de 50 buscaron atención médica en instituciones públicas después de la agresión. Es decir, menos del 2 por ciento.

Las víctimas de todos los casos de violencia sexual en el país desde 2009 carecieron de opciones para evitar un embarazo no deseado, así como de un protocolo que indicara una ruta que no fuese revictimizante. Varias organizaciones habían trabajado en un protocolo desde 2016; sin embargo, no se había aprobado porque incluía la PAE. Ese fue el país que dejó el golpe de Estado a las niñas y mujeres de Honduras.

La violencia sexual es más común de lo que reflejan los datos. Durante la manifestación del 8 de marzo de 2023, muchas horas antes del anuncio de la liberación de la PAE, frente al Congreso Nacional una joven vestida de blanco levantaba un rótulo que decía «píntame si has sufrido violencia sexual». La mayoría de las mujeres participantes de la protesta se le acercaron, todas de edades diferentes. Algunas agarraron la pintura con timidez, otras limpiaron lágrimas de sus rostros después de dejar sus huellas de forma simbólica sobre la ropa blanca recibieron un apretón de mano de alguna amiga que también llevaba pintura en sus manos. Al final de la protesta quedaba muy poco espacio para pintar, el blanco de la ropa de la mujer con el cartel casi se había desvanecido.

En enero de 2023, el gobierno hondureño aprobó el uso de la PAE solo en casos de violencia sexual. Esta aprobación se dio en el marco del Protocolo de Atención a Víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. 

Una de las organizaciones que más se involucró en esto fue Médicos Sin Fronteras, que en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán tiene clínicas para atender a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y durante los últimos dos años atendieron a 1326 personas por casos de violencia sexual.

Laureliene Lasserre, oficial de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras, explicó que este protocolo recién aprobado está basado en el de Médicos Sin Fronteras, «la píldora anticonceptiva de emergencia es un medicamento esencial en el protocolo, forma parte de una etapa que es la prevención del embarazo, pero el protocolo también es un protocolo mucho más amplio que pide una atención prioritaria integral. En ese sentido, se debe brindar una atención médica lo más rápido posible».

Sin embargo, las denuncias son apenas un pequeño porcentaje de la violencia real. Según un informe del Centro de Estudios de la Mujer (CDM), apenas el 10% de las sobrevivientes de una violación sexual la denuncian y, quienes no denuncian es debido a que la sociedad a través de sus instituciones, refuerza y reproduce «la idea de que la víctima es responsable de lo que le sucede, generando estigma y culpa en ellas», explica el informe.

La abogada Gabriela Girón de la organización Optio, dedicada al avance de los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica explicó que, a pesar de los datos tan altos de denuncias, no todas las agresiones sexuales llegan a ser denunciadas porque no todas las mujeres quieren someterse a una evaluación en las condiciones actuales.

 «Muchas veces las evaluaciones médicas incluyen estar con un médico forense en un lugar no muy adecuado, por ejemplo, en Tegucigalpa [(la capital del país]) no cuentan con espacio porque el espacio y el lugar no es el adecuado para que a ellas les puedan hacer una inspección médica entonces. Una inspección por un caso de violación es como una inspección general de todo el cuerpo, entonces muchas mujeres no seé quieren someter a eso, no se quieren someter al interrogatorio, al juzgamiento de las personas,. no quieren regresar al lugar ende donde fue la violación, no quieren buscar a todas las personas que pudieron haber sido testigos de esa agresión sexual», explicó la abogada Girón.

Ecuménicas por el Derecho a Decidir es una de las organizaciones que forma parte del GE-PAE. Ana Ruth García, la directora, cuenta que a menudo atienden casos de niñas embarazadas por violencia sexual. «En estos momentos estamos atendiendo tres casos, tres niñas embarazadas producto de violaciones, [una de ellas] ella ejercía trabajo doméstico y su violador la amenazaba, ¿cómo va a hablar en estas condiciones una niña? Que no tiene información ni científica, ni educación sexual integral, ni educación laica», se cuestionó Ana Ruth, de Ecuménicas.

Los derechos sexuales y reproductivos en la mesa de negociación

Pero a pesar de este paso que dio el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, éste no está libre de estigmatizar el uso de PAE a través del discurso religioso. En 2022, el ministro de Salud Jose Manuel Matheu dio declaraciones en las que aseguraba la necesidad de dialogar con la iglesia católica y la Conferencia Episcopal sobre el uso de la píldora. 

El 8 de marzo de 2022, la presidenta Castro recibió a una comitiva de organizaciones feministas para escuchar sus demandas. Tras la reunión, la presidenta prometió públicamente que enviaría para aprobación al Congreso Nacional la Ley Integral Contra las Violencias hacia las mujeres; no dijo nada sobre la PAE, a pesar de haber sido  una promesa de campaña para los primeros 100 días. Ligia Destephen del GE-PAE dijo que en esa reunión sí hablaron sobre la PAE, pero la presidenta les mencionó que eso le competía al ministro de Salud.

El ministro Matheu había declarado en diciembre para la cadena BBC que la píldora solo se aprobaría en casos de violencia sexual, «para las mujeres que no fueron víctimas sexuales, deben de aprender a exigir al hombre que use preservativo, deben aprender también que hay otros métodos de anticoncepción. No vamos a usar la píldora para que haya un desenfreno sexual, vamos a usar la píldora del día después para la que es víctima de una violación, para el que tenga un sexo irresponsable, debe hacerse responsable», dijo y nadie del Ejecutivo respondió a esta declaración con una posición coherente con el contenido de las promesas de campaña de la presidenta Castro. 

Pero esta postura del ministro Matheu no es de extrañar, tomando en cuenta que Xiomara Castro llegó al poder en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH). En el momento en que anunciaron la alianza, Contracorriente le consultó a la abogada Maribel Espinoza, ahora diputada por el PSH, sobre el plan de gobierno en agenda de género, a lo que respondió que esas ideas quedaron en el pasado.

 «Parte de los acuerdos a los que hemos llegado es que estamos todos en contra del aborto, de los acuerdos que hemos consensuado es un sí a la vida. Nosotros creemos que la piedra fundamental de la sociedad es la familia y seguiremos apoyando esa base esencial de la sociedad y la alianza lo tiene claro», mencionó Espinoza, quién al día siguiente del anuncio sobre la liberación de la PAE se presentó al Congreso Nacional vestida de negro . Sin embargo, esa cita de Espinoza confirma que parte de los acuerdos de esa alianza incluían los temas de salud sexual y reproductiva.

Además de esto, poco después del 8 de marzo del año anterior, hubo una reunión entre organizaciones feministas, el ministro Matheu y la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque. Según varias fuentes que se encontraban en el lugar, la ministra —reconocida dentro del Partido Libre por su trayectoria feminista— apoyó al ministro Matheu en algunos de sus argumentos sobre lo «dañina que es la píldora» y dijo a las mujeres que no era el tiempo para que la presidenta entrara con un tema así.

Contracorriente abordó a la ministra Roque en aquel momento, quién confirmó haber estado en la reunión como mediadora, pero negó haber tomado esa postura, pero que tenían preocupaciones de que «en ciertos sectores y ciertas mujeres jóvenes de las zonas más urbanas, utilizan la PAE como si fuese un método anticonceptivo rutinario y eso tiene graves consecuencias de salud» dijo la ministra Roque, a la vez que aseguró que la agenda de mujeres y salud sexual se estaba utilizando «como una forma atacar al gobierno».

El día del anuncio de la liberación de la PAE, Castro salió junto al ministro Matheu firmando el acuerdo; la presidenta no se refirió públicamente de nuevo sobre la PAE y el ministro únicamente dijo a medios que «había un secreto a voces aquí que esa pastilla la adquirían, se supone, en lugares que todo el mundo conoce y que no estaba autorizada. Entonces ahorita el darse golpes de pecho como que están defendiendo algo que es por religión y todo, no corresponde». 

Minutos después del anuncio, diputados del Congreso Nacional salieron a dar sus opiniones. Uno de ellos fue el médico del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, quién a través de Twitter dijo que la PAE no era una licencia para tener relaciones sexuales indiscriminadamente y que, aunque no era abortiva, tenía efectos adversos. Otra fue la diputada y ex presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, que declaró que los verdaderos beneficiarios de la PAE son «los violadores que se la darán a sus víctimas».

El PSH es el partido al que pertenece el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que en la legislación pasada, cuando era diputado por otro partido, apoyó al Partido Nacional para impedir la despenalización del aborto vía el Congreso Nacional, cuando era posible cambiar el artículo que lo prohíbe con 86 de 128 votos, ahora se necesitan 96 para esa reforma.

De izquierda a derecha: Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional; Xiomara Castro, presidenta del Ejecutivo y el secretario e hijo de la presidenta, Hector Manuel Zelaya, en  una misa en la basílica de Suyapa. Foto Jorge Cabrera 

En esa sesión, Luis Redondo dijo que «si estuviera en mi decisión, compañeros diputados, yo no pediría que fueran 96 votos, si no la totalidad, los 128 diputados del Congreso Nacional. Eso es lo que yo siento y pienso. Si por esa razón vamos a ser criticados, por defender la vida, por defender la familia, no nos importa». 

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Para la ginecobstetra Soledad Díaz, es importante analizar que cuando se estaba negociando para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia a inicio de este año, el recurso de inconstitucionalidad sobre el aborto por 3 causales que estaba interpuesto ante la Sala de lo Constitucional desde junio de 2021 fue respondido fallando en contra.

De igual forma, cuando los diputados del Congreso Nacional anunciaron que habían llegado a un acuerdo, el diputado por el Partido Nacional, Tomás Zambrano, dijo que las negociaciones habían logrado que no se permita el aborto a través de la Corte Suprema de Justicia, dando a entender que ese tema había formado parte de las negociaciones para la elección de la CSJ.

Con pancartas, los colectivos Feministas exigen la ley de casa refugio durante la celebración del 8M. Foto CC/Fernando Destephen

La condena social sobre la píldora

Nubia cuenta que ha visto amigas iniciar embarazos por la falta de educación sexual, porque tal vez tuvieron relaciones sexuales sin protección o les falló el método, pero no buscaron una PAE de forma clandestina porque creían que era abortiva.

 «Es parte de su decisión, pero pareciera que es una decisión que la hacen más desde su culpa inculcada, desde esa culpa imaginaria que nos han insertado desde que estamos bien chiquititas. Entonces es triste ver a madres, ver amigas, conocidas, ejercer la maternidad forzada y que se tienen que sentir feliz con su bebé y con esto no digo de que no sean felices o que les cuestiono su felicidad, pero las condiciones como se dan no son las óptimas y claro que trae consecuencias emocionales y físicas», explicó Nubia.

El problema de esa condena social es que esta también se da en el personal de salud, quienes según un estudio de la Plataforma Somos Muchas son las personas que más han denunciado a mujeres en casos de aborto en la última década.

Una enfermera de un hospital de Honduras que prefirió no dar su nombre para evitar complicaciones por hablar de este tema, dijo que podrán llegar mujeres a pedir la PAE a centros de salud y si está a cargo un médico, un ginecólogo, en contra de la misma, «no se le va a indicar porque él está en contra a pesar de que la puede indicar y aunque la tengamos aquí. Es un dilema bien grande», explicó y añadió que incluso este año en su hospital hubo enfermeras que denunciaron casos de aborto.

Ligia Destephen del GE-PAE dijo que aun hay mucho trabajo por realizar para lograr la despenalización social del aborto, «Al final sí tiene que ver con la obstaculización del disfrute de la sexualidad, de eso que ha sido histórico, el querer reprimir y controlar cómo nos comportamos las personas sexualmente y más las mujeres, pero no estamos solas. Hay otras mujeres en el mundo que están disfrutando de estos derechos que a nosotras nos han negado, y son mujeres felices, no son malas mujeres», finalizó.

La ley de piedra y las mujeres invisibles

La marca de la conservadora ley de esterilización femenina de Panamá en la vida de cuatro mujeres.
Historias de duelos, derechos pisoteados, exclusión y una Corte machista. 

Texto: Eliana Morales / Fotos: Tarina Rodríguez

Marlene no pudo lograr que el sistema de salud público de Panamá accediera a esterilizarla para no tener más hijos. Recibió ese portazo a pesar que su hija nació luego de una cesárea de emergencia producto de un embarazo traumático.

“Te opero muerta”. En su mente Marlene escucha esa frase una, dos, tres, cuatro, cinco…muchas veces. Prácticamente, esa fue la respuesta que recibió cuando solicitó que la esterilizaran porque no quería volver a ser madre. Su hija acaba de nacer, luego de un embarazo complicado. 

La historia sucedió en 2018, cuando Marlene tenía 23 años y 26 semanas de gestación. Un día su presión arterial se elevó y entró de urgencias al Hospital Regional de Chepo, una comunidad a 56 kilómetros del centro de Ciudad de Panamá. Le detectaron hipertensión gestacional, pero también estaban investigando para determinar si era preeclampsia, una complicación del embarazo que se manifiesta con presión alta y otros malestares en el sistema hepático. Estuvo cuatro días hospitalizada, pero no sería la última vez. En la semana número 38, fue a control médico y otra vez le dijeron que tenía la presión alta. La vieron tan mal que enseguida la internaron.

“Me intentaron inducir el parto por medio de medicamentos, pero no funcionó. Eso fue como a las 8:00 a.m. del día siguiente al que yo había llegado. A las 5:30 p.m. me llevaron a quirófano para practicarme una cesárea de urgencia”, narra. Y en esas circunstancias nació su hija.  

El médico que la trataba prácticamente la sentenció. Le dijo que si tenía otro hijo, moriría. Ella le contestó: “opéreme” (esterilización), pero la respuesta que recibió la dejó perpleja. Le dijo que sí la operaría, pero cuando tuviera otro hijo. “Para mí lo que significó eso es un ‘te opero muerta’, eso fue lo que yo entendí. Te opero muerta y eso me marcó mucho”, recuerda.

La historia de Marlene sucedió en 2018 cuando tenía 23 años y 26 semanas de gestación. Después de un embarazo complicado y una cesárea de emergencia, el mismo médico que le dijo que era un riesgo que tuviera más hijos, le negó un procedimiento de esterilización.  Crédito: Tarina Rodríguez

Marlene es pura vida, comunicadora, rapera y activista por los derechos humanos. Pero cuando evoca ese momento, guarda silencio. Los ojos se le ponen chiquitos y llora. La decisión del médico también puso en riesgo su salud mental. Después del embarazo sufrió depresión post parto, precisamente como consecuencia de que rechazaran su pedido de ligarle las trompas. “Fue bien fuerte para mí ese momento de mi vida. Estuve como dos años y medio batallando con eso mientras criaba a mi hija. Tenía mucho miedo de quedar embarazada. Mucho miedo de tener relaciones sexuales, mucho miedo de tratamiento hormonal. Miedo a todo”, cuenta.

Siente que su dignidad fue ultrajada. “Además de las condiciones sociales económicas, y todo lo que pasó durante mi puerperio, esas palabras del doctor también resonaron mucho en mí”, añade.

La demanda

Tres años antes de la experiencia de Marlene, la abogada Haydée Méndez había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 7 de 2013 que regula la esterilización femenina. Esa norma dice que para esterilizarse, las mujeres deben tener 23 años, dos hijos o más y permiso médico. 

La abogada llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo exactamente el 25 de noviembre de 2015, el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. 

“Con solo leer la ley cualquiera se puede percatar de que contiene normas que constituyen violencia contra la mujer, porque según el primer artículo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la discriminación es igual a violencia. Consideré que como defensora de los derechos de la mujer, era mi deber intentar corregir este entuerto”, explica. 

La jurista disecciona la ley. Para solicitar la esterilización en el sistema público, las mujeres deben tener 23 años y dos hijos. Esto, a su juicio, es “maternidad forzada”. Además, tienen que tener recomendación médica, lo que, sustenta, equivale a “discriminación”, porque a los hombres no se les exige ese requisito. 

Haydee también dice que, en la práctica, la ley sólo afecta a las mujeres que no tienen cómo pagar una esterilización, pues las que tienen medios económicos se pueden esterilizar en una clínica privada sin cumplir con ningún requisito. Por eso dice que en Panamá existe discriminación de clase. Por último afirma que la norma es “inconstitucional” porque esteriliza gratuitamente a todos los que cumplen con los requisitos, lo que sustenta, “impone una carga demasiado pesada para el Estado”. 

Aura

Aura estuvo a punto de morir por complicaciones en el embarazo de su segunda hija. Un médico le dijo que no podía someterla a un procedimiento de esterilización. Vaticinó que si se divorciaba, su segundo esposo podría querer hijos. 

Otra mujer, otro hospital. Los recuerdos más tristes de Aura viven en un cuarto de hospital. Su historia empieza a finales de diciembre de 2003, cuando tenía 30 semanas de embarazo, momento en que todavía regía la Ley del 48 de 1941, que establecía que para esterilizarse, las mujeres tenían que tener 33 años o más y por lo menos cinco hijos. 

Dolores, malestares, no podía respirar. Fue a urgencias de la Caja de Seguro Social (CSS) y allí la vieron tan mal que la trasladaron en una ambulancia al departamento de ginecología y obstetricia de la Policlínica Especializada de la institución. 

Era el 28 de diciembre y le trataban una preeclampsia. “No puedo respirar, no puedo respirar”, se quejaba con las enfermeras. Ellas le respondían que ya habían llamado al doctor, pero que no contestaba. Que en algún momento llegaría. No llegó en la noche. Tampoco en la madrugada.  

Sola, angustiada, vulnerable, impotente, Aura se tocaba el vientre y empezaba a hablarle a la hija que ya quería nacer: “Tú permanece tranquila, yo voy a aguantar por las dos”, la consolaba. Se consolaba. 

Al día siguiente, durante la mañana del 29 de diciembre, una doctora apareció y le practicó una cesárea de emergencia. Sus recuerdos de ese momento son vagos. Iba en una camilla, miraba al techo del hospital, se concentraba en las luces blancas. ¿Todo estará bien? Preguntó a la médica que la atendía. 

“Sí, todo está bien”, le respondió. Cerró los ojos y no los volvió a abrir hasta varios días después. 

Mientras el mundo celebraba la llegada de un nuevo año, Aura estaba en la frontera entre la vida y la muerte. Despertó el 6 de enero de 2004. Ocho días después de la emergencia. Estaba amarrada y con tubos y cables por todos lados. Estaba en una sala de cuidados intensivos. Su hija recién nacida también, pero en el departamento de neonatología. 

Poco a poco se enteró de lo que ocurrió mientras ella estaba inconsciente. Los médicos le habían dicho a su familia que prepararan todo para enterrarla  porque las posibilidades de que viviera eran muy pocas. Si acaso de 20%. 

No era para menos. Le dio preeclampsia agregada y edema pulmonar. Y Aura empezó a recordar lo que pasó aquella noche, cuando gritaba para que la ayudaran porque se estaba asfixiando. A su mente llegaron voces de enfermeras que a su lado murmuraban: “a ella la encharcaron, la encharcaron”. Entendió que la presión se le había disparado tanto que tenía los pulmones llenos de agua. “Por eso era que yo no podía respirar”, dice. 

Su angustia no terminó allí. Ahora tenía que luchar con dos males: el físico y el emocional. Fue un infierno. “La cicatriz me quedó horrorosa. Yo no podía ni pararme porque la doctora, que era joven, de las que están en prácticas, no me cosió muy bien y yo no me podía ni enderezar porque eso me enconaba”, asegura. 

Una madrugada hasta fue víctima de abuso sexual por parte de un enfermero. “Vino a tomar una placa del pecho y me despertó porque me estaba tocando el pecho y me pellizcaba los pezones”, narra. Todo eso ocurrió en la unidad de cuidados intensivos del hospital. 

Salió de la etapa crítica. La enviaron a otro cuarto para tenerla “en observación”. Allí habían otras mujeres con condiciones similares a la suya. Eran siete en total. “Siete mujeres solidarias en el silencio, porque lo único que hacíamos era mirarnos”, recuerda. Cada quien encarnaba sucesos dolorosos. Una a la que también le habían hecho cesárea, se quejaba constantemente de dolores en la herida. La revisaron y se dieron cuenta que le habían dejado una gasa dentro de su vientre. Se la sacaron, pero no lo hicieron en un quirófano. Lo hicieron allí, frente a todas las demás. 

Otra de sus compañeras murió porque le dejaron la placenta adentro. “Y pues se pudrió, se pudrió”, cuenta Aura. “Yo la vi muy mal. Con la cara de ella aprendí a reconocer cuando la muerte viene para la gente querida”, dice. 

Aura salió del hospital el 9 de enero de 2004. Su hija quedó recluida otro mes más. Pero antes de dejar el cuarto médico recibió una advertencia. Un neurocirujano le dijo que no era recomendable que tuviera más hijos, que era un riesgo muy grande. Que, si lo hacía, sería prácticamente una condena de muerte. Le recordó que era casi un milagro que ella despertara y le recomendó que hiciera algún tipo de procedimiento anticonceptivo, como el salping o ligadura de trompas, uno de los métodos para la esterilización de la mujer. 

Aura estaba en la frontera entre la vida y la muerte cuando fue a dar a luz a su segunda hija. Sus recuerdos más tristes están encerrados en un cuartos de hospital: dolores, violencia obstétrica, abuso sexual y una esterilización negada.

Volvió a la CSS a una consulta médica para solicitar el procedimiento. La respuesta que le dio el doctor que la atendió fue rotunda y fulminante. Le dijo que no le haría ningún procedimiento de esterilización porque si ella se divorciaba el próximo hombre con el que se uniera o casara no iba a tener sus hijos. 

“Quiere decir esto que un hombre hipotético, un hombre imaginario, tuvo más derechos que yo sobre mi propia vida. Así que no pude obtener el salping por parte de una institución del Estado. Me fue negado por un doctor hombre”. 

En ese entonces Aura tenía 33 años. Hoy tiene 53 años y llora cada vez que lo recuerda. Cinco años después ella seguía enferma. Le detectaron miomas, unos tumores que crecen en la matriz. Entonces decidió que se trataría en un hospital privado. De alguna manera su cuerpo estaba reclamando la esterilización que el médico de la CSS le negó. 

En efecto, le hicieron una histerectomía (extirpación de útero). Para pagar la operación solicitó un préstamo.

Aura es consciente de que durante ese embarazo, el sistema de salud pública la salvó. Que salvó también a su hija. Pero el precio que tuvo que pagar fue muy alto.  “Uno como mujer va aquí, allá, va a todos lados y la verdad es que llega un momento en que no sabes qué hacer. Te sientes mal y estás enferma y estás sola”, narra.

Escucha una versión de esta historia, ‘Un hombre imaginario tuvo más derecho que yo sobre mi vida’, en el podcast de Desautorizadas

El fallo

La Corte Suprema de Justicia, resolvió que la maternidad es un aspecto que impide colocar en situación de igualdad a los hombres y las mujeres, por lo que rechazó una demanda contra la Ley 7 de 2013 que regula la esterilización femenina. 

El 10 de septiembre de 2020, 18 años años después de la traumática experiencia de Aura, y cinco años más tarde de que Haydée Méndez presentara la demanda, la Corte emitió su veredicto, aunque no se hizo hizo público hasta el 13 de marzo de 2021, cuando salió en la Gaceta Oficial. 

El máximo tribunal resolvió que la maternidad es un aspecto que impide colocar en situación de igualdad a los hombres y las mujeres, por lo que rechazó la demanda y, por el contrario, protegió la ley. Prácticamente la esculpió en piedra, dejando a las mujeres con pocas opciones para decidir sobre su salud reproductiva. En aquel momento, el pleno de la Corte (nueve personas) estaba compuesto en su mayoría por hombres. Cinco magistrados votaron a favor de dejar la norma tal como está y tres magistradas y otro magistrado no estuvieron de acuerdo. Estas cuatro personas coincidieron en que, en efecto, la ley supone una doble discriminación, pues le da la potestad a los hombres mayores de 18 años de pedir una esterilización gratis, mientras las mujeres deben esperar a tener 23 años y dos hijos.

Un carpetazo que las invisibiliza, les borra su derecho a decidir sobre su cuerpo, y cercena su autonomía. 

Coincidieron en que la norma castiga sobre todo a las mujeres pobres, porque las que tienen recursos económicos pueden acudir a los centros médicos privados. “De ninguna manera, como Tribunal Constitucional garante de los derechos fundamentales, podemos avalar actos de discriminación en detrimento de los derechos humanos de toda persona, siendo parte inherente a la dignidad humana”, sustentó en su momento la magistrada Ángela Russo.

María Victoria

Si hay algo que María Victoria tuvo claro una vez que nació su niña es que no volvería a tener más hijos. Su razón es sencilla y se sustenta en el libre albedrío. En el derecho a decidir, en la posibilidad de hacer lo que desea con su cuerpo, en la autonomía de la mujer. 

En 2014, a los 21 años, María Victoria dio a luz a una niña. La trajo al mundo con un parto normal. Todo salió bien. Pero decidió que sería la única. Apenas pudo fue a una consulta de ginecología en el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito, en el área metropolitana del país. Quería asesoría para someterse a un proceso de esterilización. 

La ginecóloga que la atendió le dijo que ella le podía dar la recomendación médica necesaria para la operación, pero que prefería no hacerlo porque cuando su hija estuviera grande, lo más seguro es que iba a querer tener otro hijo. Así, como quien tiene una bola de cristal y puede ver el futuro. “No va a haber circunstancia que haga que cambie de opinión”, le dijo María Victoria a su doctora. 

Como era de esperarse, no logró que la operaran. Su hija tiene ya ocho años y María Víctoria sigue pensando igual. No quiere tener más hijos. Su condición económica no le permite acudir a una clínica privada a hacerse el procedimiento. Por eso no tiene más alternativa que planificar con anticonceptivos, asumiendo los costos: el monetario y el de salud. 

En Panamá, el país de la región con los medicamentos más caros, una caja de pastillas anticonceptivas para 28 días, le cuesta a María Victoria $8. Eso en una nación en la que la mayoría de su población gana $719, el salario mínimo.   

 Hospital Santo Tomás, principal hospital público de Panamá. En 2022, en ese centro médico se practicaron mil 765 procedimientos de esterilización. 

De acuerdo con estadísticas suministradas por el Ministerio de Salud, en 2022, en Panamá se hicieron 5 mil 522 esterilizaciones. La mayoría de esas operaciones, 2 mil 730 casos, se realizaron a mujeres de entre 25 y 34 años de edad. Mil 417 se practicaron a un grupo de entre 35 y 49 años, en tanto que 35 se hicieron a mayores de 50 años. Otros 778 de esos procedimientos se hicieron a una población que entra en el rango de los 20 a 24 años de edad; y 61 fueron practicadas a mujeres entre 15 y 19 años. Mientras que tres se hicieron a niñas de 15 años. 

El Santo Tomás, principal hospital público del país, fue el que atendió a más mujeres, con mil 765 procedimientos. 

Bárbara

El caso de Bárbara ocurrió en el sistema privado. Cuando tenía 23 años tuvo a su hija. Un tiempo corto después quedó nuevamente embarazada. En esa etapa de su vida acordó con su pareja que no querían tener más hijos. Así que en una de las citas de control de embarazo, aprovechó para decirle a su ginecóloga que ella quería someterse a una esterilización. Desde ese momento empezó la evangelización. La médica le dijo que era muy joven, que mejor lo pensara, que después se arrepentiría. En fín, escuchó el discurso que suelen repetir los médicos para intentar desistir a sus pacientes de que no se sometan a ese proceso. 

El día que iba a dar a luz a su segundo hijo, Bárbara estaba decidida a hacerse la operación. Y nuevamente escuchó el discurso de los médicos. Que si lo había hablado con los familiares. Que por qué había tomado esa decisión. “Si yo hubiera sido una  persona que no tiene el criterio y la decisión tan formada, me convencen de no hacerlo. Simplemente habría podido salir de ahí sin operación”, cuenta. 

Ella les dijo que ya era una decisión tomada y a partir de allí todo fue muy fácil.

A diferencia del sistema público, donde se requiere cumplir a cabalidad con cada uno de los requisitos, a ella nadie le preguntó la edad, ni cuántos hijos tenía y mucho menos, si tenía una recomendación médica. Aquí, más que las obligaciones de la Ley 7 de 2013 que regula la esterilización femenina, Bárbara tuvo que lidiar con los mismos estereotipos presentes en los centros de salud públicos: la idea de que una mujer jóven no sabe lo que quiere y está condenada a arrepentirse.

¿Y los derechos?

Haydée Méndez, la abogada que demandó la ley de esterilización, asegura que Panamá está muy atrasado en lo que concierne a los derechos de la salud reproductiva de la mujer. Ella afirma que los fundamentalistas religiosos y las iglesias conservadoras tienen mucha injerencia en las normativas, precisamente lo contrario a un Estado laico. “Los embarazos precoces y los delitos sexuales van en aumento.  Somos uno de los países de la región con más alto índice de adolescentes embarazada”, sustentó. 

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsa), Panamá tiene una alta tasa de embarazos adolescentes: 81 por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años de edad. 

Poco antes de que la Corte emitiera su veredicto en contra de la demanda  de Ley de esterilización, la abogada presentó una iniciativa legislativa a la Asamblea Nacional, por la vía de la participación ciudadana. La propuesta apunta a combatir la discriminación y todos los defectos que tiene la norma. El documento reposa en algún escritorio polvoriento de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia del Legislativo. Allí también debe estar la iniciativa que presentó el diputado independiente Juan Diego Vásquez sobre el tema. El diputado dice que la ley actual no toma en cuenta dos temas importantes. El primero es el derecho de las mujeres a decidir sobre  su vida, pues argumenta que, así como se prohíbe la esterilización forzada, no se debe obligar a una mujer a tener hijos como requisito para acceder a la esterilización. A su juicio, esto es una maternidad forzada. Y el segundo tema se sustenta en el derecho de todos los seres humanos a ser considerados iguales ante la ley. “La actual ley crea privilegios a favor del sexo masculino”, afirma.

Entonces propone que toda persona mayor de edad no asegurada, podrá solicitar la esterilización gratuita en los hospitales públicos del país. Con la propuesta, este diputado iguala la ley de Panamá con la de Costa Rica, país que permite la esterilización a los 18 años. O a la de Argentina, donde también se establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a las prácticas denominadas "ligadura de trompas de falopio" y "ligadura de conductos deferentes o vasectomía" en los servicios del sistema de salud.

No se sabe si esta iniciativa algún día verá la luz. De hacerlo tendrá que ser analizada, en principio por la Comisión de la Mujer de la Asamblea, una corporación integrada por cinco diputadas y cuatro diputados, la mayoría de corte conservador. 

Mientras tanto, la salud reproductiva de las mujeres seguirá condicionada por una ley esculpida en piedra discrimina, excluye e invisibiliza. Los hospitales seguirán atendiendo a las Marlenes, a las Auras, a las Marías y a las Bárbaras.

DesAutorizadas es un especial transfronterizo y multimedia que cuenta cómo los retrocesos democráticos en Centroamérica impactan en las mujeres de cinco países de la región.

Las “enemigas” de la copresidenta Rosario Murillo

La violencia política en Nicaragua tiene una “saña” particular contra las mujeres. Desde las protestas sociales de 2018 hasta el encarcelamiento de 33 activistas y opositoras, la represión ha tenido un fuerte componente de género: las mujeres han sido víctimas de abuso sexual, abortos provocados por los golpes, interrogatorios en los que se cuestiona la maternidad, torturas, persecución, exilio y destierro. Feministas lo describen como “una política de Estado maquiavélica”. Si bien el poder es compartido entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, las víctimas señalan a la vicepresidenta de ser la mente “armadora” de la crueldad contra ellas. “Muchas de esas formas de violencia, en algún momento, ella las vivió y, hoy, las vuelve más sofisticadas para expresarlo hacia otras personas”, dice Zoilamérica Ortega Murillo, quien en 1998 denunció al mandatario sandinista por violación. “Hay una tendencia en ella en ver en toda mujer a una adversaria”. 

Texto: Wilfredo Miranda- DIVERGENTES

I. Arrancando corazones en El Chipote

Los carceleros de El Chipote arrancaban media docena de corazones a la semana. La entonces presa política María Oviedo, arrestada por ejercer como abogada en defensa de los opositores detenidos, recuerda que, a veces, eran cortes perfectos, limpios, ejecutados con tijeras filosas. Pero, en otras ocasiones, se trataba de intervenciones más bruscas que dejaban roturas desastrosas en sus calzones y sostenes deportivos. Los guardas los hacían con lapiceros y hasta con los mismos dientes. En cualquier caso, lo que Oviedo recibía en la celda de esta temida cárcel de Nicaragua era ropa interior agujereada, harapos sin los corazones bordados. 

Antes de que los carceleros de Daniel Ortega y Rosario Murillo se dieran cuenta, durante los primeros meses –los más duros– en la celda de aislamiento, los corazones bordados en su ropa interior eran lo único que consolaba a María Oviedo. Una vez a la semana, sus familiares entregaban en la prisión tres pares de mudas limpias para ella. María supo que era su madre la que bordaba los corazones. Esa certeza la sostenía en la oscuridad del calabozo, sin poder ver el sol o respirar aire fresco. Con la comida racionada e incomunicada por completo, tenía incluso prohibido hablar con su compañera de celda, la dirigente opositora Violeta Granera. Ninguna de ellas podía ver a sus familiares. No sabían lo que estaba ocurriendo fuera de El Chipote. Pensaban en sus hijos y en todos los seres queridos. ¿Los habrían detenido también? El agobio no alcanzaba en la celda de 2.60 por 2.30 metros que compartían.  

Violeta enrollaba trozos de papel higiénico en forma de cigarrillos y simulaba que los fumaba. María se aferraba a los corazones bordados. Era eso o dislocarse en el aislamiento. “Mi mamá quería comunicarse conmigo; quería que yo sintiera que estaba presente ahí conmigo, dándome afecto. Por eso los bordaba”, dice la penalista que, hasta junio de 2018, trabajó como fiscal del Ministerio Público sandinista. Renunció porque le pidieron acusar a un grupo de defensores de derechos humanos. Acusarlos, dijo en su momento, era “pasarse de la raya”. Empezó a defender a manifestantes y opositores procesados por “terrorismo” y otros delitos políticos ese mismo año, cuando los ciudadanos tronaron en las calles con morteros en contra del régimen Ortega-Murillo. 

María también encontraba consuelo en las toallas que cada semana llegaban limpias desde su casa a El Chipote. Traían impregnadas perfumes que a la presa política, gracias a esa infalibilidad de las madres, le resultaban inconfundibles: el de su niño y su niña, ambos menores de edad. Largos eran los días y noches de confinamiento. No tenía noción del paso de las horas. Cuando lograba quedarse dormida, la despertaban para llevarla a interrogatorios. Sucedía en todo momento, hasta tres sesiones por día. “Nunca vas a ver a tus hijos”, le repetían los carceleros. Al salir de la sala de interrogatorios, enfriada por un aire acondicionado a máxima potencia, se encontraba con un silencio hosco impuesto por los guardas, mezclado con el calor que el armatoste de concreto guardaba durante el día, como un microondas enchufado al bravo sol de Managua. Era un clima ambivalente, propio de un desierto. En las madrugadas, el frío se instalaba en el pabellón de celdas y la abogada, acostada en la plancha de concreto que hacía de litera, se acurrucaba en el olor de las toallas. 

El paso del tiempo allí dentro no podían cronometrarlo en minutos u horas, sino entre los cambios de guardia. Aunque a veces los carceleros variaban los turnos para causar más desconcierto. Pero con el tiempo aumentó la resistencia de María y Violeta, y de las otras siete compañeras repartidas en otras celdas de El Chipote (eran un total de nueve presas políticas en esa prisión). Violeta aumentó la cantidad de cigarrillos de papel higiénico que fumaba y María la acompañó, a cambio de que la dirigente opositora aceptara una rutina de ejercicios. Fumaban frente a los guardas, con ciertos ademanes de sorna, mirando a las cámaras de seguridad que instalaron para vigilarlas permanentemente. También perdieron el recato a la orden del silencio. Fumar, aferrarse a los corazones bordados y zambullirse en las toallas perfumadas fueron mecánismos instintivos de defensa ante la tortura psicológica. En las celdas contiguas sucedía algo similar: las otras compañeras comenzaron a exigir “ciertos derechos básicos”, como tener una Biblia, un libro o poder ver a sus hijos, en el caso de las que eran madres.

“Por ver a mis hijos yo peleé mucho, porque llevaba, más o menos, un año sin verlos. Por eso arrancaban los corazones en los calzones y los top de ejercicio”, relata María. “Las toallas ya no me las entregaban el mismo día que mi familia las llevaba a El Chipote, sino que me las daban cuando el perfume era imperceptible. Identificaron que eso me ayudaba mucho a sobrellevar la prisión y lo utilizaron, pues, como forma de castigo en mi contra. Fue duro”.

Las mazmorras del pabellón feminino tenían barrotes delgados, de modo que María y Violeta alcanzaban a ver a otras presas políticas, sobre todo cuando las cambiaban de una a otra celda. A excepción de Tamara Dávila, feminista y activista política, que desde su arresto fue recluida sola en una celda de máxima seguridad sin barrotes. Más que una celda, a criterio de la activista, era como una bóveda con una pequeña escotilla en la puerta, a través de la cual alcanzaban a pasar un plato de comida con un vaso. Una celda todavía más pequeña que las otras. Apenas con un diminuto tragaluz por el cual podía verse un retazo de cielo; un asomo de escurridiza esperanza para esta mujer, madre de una niña de seis años. 

El aislamiento de Tamara allí fue el más crudo de las presas políticas en El Chipote: estuvo sin contacto humano alguno la mayoría del encierro. Pero  “había muchas cosas en la misma celda que llenaban mi existencia y que me dieron vida. Me refiero a la vida no humana. Yo hablaba con las arañitas de mi celda, y los pájaros que escuchaba por ese espacio en el que miraba el cielo”, dice la presa política. En la soledad se aferraba al recuerdo de su hija. Al igual que hicieron con María Oviedo, los interrogadores señalaban a Tamara de “mala madre”. 

“Esto de la maternidad tiene un fuerte componente social y muchas de las personas que me interrogaron fueron insidiosos en eso. Me decían que cómo andaba en política y en las calles cuando tenía una niña menor de edad”, recuerda Tamara. “Me decían que esto (la prisión) yo me lo había buscado, porque debería estar en la casa cuidando a mi hija. Cuestionaban mi decisión de participar activamente en la política de mi país. Hasta donde yo sé, no fue un argumento que usaron con los hombres presos políticos que tienen hijos menores de edad”. 

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Las presas políticas desterradas Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona y Dora María Téllez. Foto: Miguel Andrés | Divergentes. 

Tamara viene de una familia comprometida con la justicia social y la sociedad civil. Su clan tuvo participación en la Revolución Sandinista que derrocó a la dictadura de los Somoza en 1979. Junto a su activismo feminista, la presa política se involucró en el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), un partido que surgió como una escisión del Frente Sandinista, en 1995. La agrupación fue fundada por intelectuales, entre los que se encontraban el escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, la mítica exguerrillera y exministra de Salud Dora María Téllez, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, el economista Edmundo Jarquín; el exguerrillero y excomandante Henry Ruiz, y el general en retiro Hugo Torres, quien falleció en febrero de 2022, en manos de la custodia policial de El Chipote, tras negársele la atención médica apropiada y oportuna.

Ortega y Murillo siempre han considerado a los fundadores del MRS unos traidores. Por eso, durante las protestas de 2018, la pareja presidencial elucubró, junto a la propaganda oficial, la narrativa de que Dora María Téllez y el MRS fueron los autores intelectuales del “fallido intento de golpe de Estado”, el concepto que el oficialismo usa para justificar la masacre de 355 personas, ejecutada por policías y paramilitares. Una sangría que ya ha sido catalogada, recientemente, por Naciones Unidas como “crímenes de lesa humanidad”. DSe trata de una represión sostenida, desde 2018 hasta la publicación de este artículo, con tintes “nazis”, apuntan los expertos internacionales.  

La persecución contra los fundadores del MRS (el primer partido político ilegalizado por Ortega) se trasladó a los nuevos liderazgos; una directiva básicamente compuesta por mujeres, entre ellas, Tamara, quienes, en enero de 2021, impulsaron el cambio de nombre de la agrupación por Unión Democrática Renovadora (Unamos). Una decisión para distanciarse del apellido sandinista que para las nuevas generaciones no significa épica ni autodeterminación, sino corrupción, violencia, dolor y tragedia. En junio de 2021, la policía emprendió una cacería contra las lideresas de Unamos: Tamara Dávila, Dora María Telléz, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona, presidenta del partido. 

Suyen también es madre. De un pequeño de seis años. Al igual que con María y Tamara, los carceleros de El Chipote la torturaban psicológicamente echándole en cara su maternidad. “¿Quién le estará dando leche a tu hijo?”, era una de las frases con la que la martillaban. “El niño sufre por tu culpa”. Durante 561 días, los carceleros no permitieron que Suyen pudiera hacer una videollamada con su pequeño, exiliado junto a su padre en Estados Unidos. Por su parte, Tamara, tras 14 meses de incomunicación, hizo una huelga de hambre de cinco días como método de presión para tener una visita de su niña. Lo logró, pero con una mella significativa para su físico: entró en un cuadro de desnutrición, llegando a pesar 95 libras. La presidenta de Unamos, Suyén Barahona, también estaba irreconocible, demacrada y envejecida por el maltrato en El Chipote. 

“Los interrogatorios estaban plagados de un machismo terrible, de misoginia, de mucha homofobia. Recuerdo que, una vez, me dijeron que tenía suerte de no estar en Afganistán, porque fue en el periodo en que Estados Unidos se retiró (de allí). Según el oficial, yo tenía que agradecer no estar en ese país, porque, si Nicaragua fuera Afganistán y fuera, como yo decía, una dictadura, ya me hubieran apedreado”, narra Suyen. Los carceleros le reclamaban a la activista por qué comparaba a Daniel Ortega con Somoza. Fue cuando una mujer, que fungía como interrogadora, le dijo que “si este fuera el tiempo de Somoza, vos estarías con las piernas abiertas”. 

La sala de interrogatorios de El Chipote no supera los poco más de tres metros cuadrados. Tiene aire acondicionado y una iluminación blanca. Dentro sólo hay dos sillas y un escritorio, que separa al interrogado del interrogador. Ningún detalle destaca en ellas, más que la alfombra que cubría el piso. Cada sesión duraba entre 45 minutos a dos horas. “Después que fuimos condenadas, podían ser 30 minutos o hasta una hora para monitorear cómo estábamos; si seguíamos opinando lo mismo del régimen y si íbamos a seguir en las mismas (criticando)”, recuerda Suyen. 

La abogada María Oviedo todavía no sabe en qué mayor medida los Ortega-Murillo se ensañaron con las mujeres de Unamos, si por “razones políticas”, por venir del sandinismo o por pura “misoginia”. “Esas mujeres sí estaban solas, aisladas. Sólo Violeta y yo estábamos juntas en una celda”, dice. 

Al menos, unas 30 oficiales diferentes interrogaron a las integrantes de Unamos mientras estuvieron en El Chipote. Dora María Téllez –la mítica guerrillera que comandó el Asalto al Palacio en 1978, en una de las operaciones claves de la guerrilla sandinista para el derrocamiento del somocismo– fue la única presa política a la que encerraron en el pabellón de hombres, en una celda de aislamiento. Tamara no duda de que la decisión del régimen respondió a la orientación sexual de Téllez.  

“Sí creo que hubo una saña particular en cada caso. En el de Dora María no sólo hay un odio particular de Daniel Ortega y Rosario Murillo por lo que ella representa, sino que es una cosa bien discriminatoria por razón sexual”, me dice Tamara en un hotel, cerca de Washington, que el Departamento de Estado de Estados Unidos dispuso para recibirlas el 9 de febrero pasado, luego de que el avión que las transportó desde Managua aterrizara. El régimen no solo las excarceló sino que impuso destierro para 222 presas y presos políticos al despojarlos de su nacionalidad. 

El mismo día que converso con Tamara, veo a Dora María, mucho más delgada de lo habitual, caminando en las afueras del Hotel Westin, atendiendo a una batería de periodistas ansiosos de conseguir una declaración. Lleva unos anteojos oscuros; camina lentamente pero habla con la determinación y lucidez de toda la vida. Aunque no minimiza el horror vivido en El Chipote, no pierde su espíritu bromista y reconoce que el aislamiento fue lo peor en sus 605 días de encierro. 

“Yo lo veía como una lucha de resistencia cotidiana. Que yo aguantara ese régimen era una forma de derrotarlos todos los días. Si no me quebraban, si no me lesionaban mentalmente y si no me ahorcaba en la celda, significaba derrotarlos. Yo les dije (a los interrogadores) que tenían una cárcel diseñada para torturar psicológica y emocionalmente. Con las mujeres era peor; las que estábamos en El Chipote estábamos aisladas. A los hombres nunca los tuvieron más de dos meses así”. 

– ¿Por qué esa diferencia? – le pregunto. 

   Téllez hace un gesto mudo de disparar un fusil con sus manos:

– Cariño especial– bromea-. Eso es el odio visceral hacia las mujeres de los Ortega-Murillo. 

Zoilamérica Ortega Murillo en la sede de Migración y Extranjería en 2013. Foto de archivo Wilfredo Miranda Aburto. 

II.“¡Son órdenes de su mamá!”, le decían mientras la echaban a golpes

Zoilamérica Ortega Murillo se plantó, en marzo de 2013, en el portón principal de la Dirección de Migración y Extranjería a preguntar sobre el paradero de su pareja de ese entonces, el boliviano Carlos Ariñez Castel. “Estaba reclamando qué había pasado con él, porque básicamente había sido un secuestro”, narra la mujer que, en 1998, denunció a su padrastro, Daniel Ortega, de acosarla y abusarla sexualmente desde los once años de edad. Los oficiales de Migración llegaron al domicilio de la pareja en Managua y detuvieron a Ariñez Castel por haber violado, supuestamente, las leyes migratorias, al vencerse su estadía como turista. Fue un arresto violento, en presencia de Zoilamérica y su hijo menor de edad. 

No le dijeron dónde llevaron a su pareja por lo que Zoilamérica se dirigió a la sede de Migración y Extranjería. Su llegada suscitó la atención de la prensa. Ese día la encontré aferrada a la malla del portón de la institución, con la angustia anidada en el rostro. Preguntaba por Ariñez sin obtener respuesta alguna. Pasaron varias horas hasta que uno de los guardias recibió una orden a través del walkie-talkie. “Los oficiales me dijeron que tenía que retirarme inmediatamente. Entonces comenzaron a empujarme. Me caí al piso y mi hijo gritaba horrorizado: ‘No le peguen, no le peguen’. Los guardias me decían: ‘Colabore, la tenemos que sacar cómo sea. ¡Son órdenes de su mamá…!’”, reconstruye Zoilamérica. “Fue muy difícil para mí, porque no era el golpe del policía, sino darme cuenta de que ella, mi mamá, podía cruzar el límite del respeto a mi propia vida. Sin importarle el daño que también le causaba a mis hijos”. 

Zoilamérica me contó después –tras confirmarse la expulsión de su expareja a Costa Rica– que había recibido una llamada de su madre, la primera dama Rosario Murillo: “Me dijo que estas eran las consecuencias por mis actos”. 

Los “actos” que su madre le reprochaba eran haber alzado la voz en un momento de convulsión social en Nicaragua. Semanas atrás del episodio en Migración, ancianos apoyados por una multitud de jóvenes instalaron un campamento de protesta en las afueras del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en demanda de una pensión reducida. El movimiento OcupaINSS fue de las primeras protestas sociales más decididas que enfrentó el autoritarismo de la pareja presidencial, tras un control férreo de las calles, desde su retorno al poder en 2006. Zoilamérica llegó en persona a respaldar la demanda popular que, más tarde, fue desarticulada con suma violencia por turbas sandinistas. Ella nunca ha podido levantar su voz sin consecuencias, desde que denunció a su padrastro por violación. 

El año de 1998 fue uno de los más críticos para la familia Ortega-Murillo. La denuncia de Zoilamérica no sólo reconfiguraría el clan como tal, sino la relación entre el caudillo sandinista y su esposa, Rosario Murillo, más allá del matrimonio. La escandalosa denuncia de su hijastra situaba la carrera política de Ortega al filo del despeñadero. 

La vicepresidenta Rosario Murillo, junto a su secretaria personal, su hija Camila, camina hacia el podio para ser juramentada como vicepresidenta.

Foto: Carlos Herrera | Divergentes.

Entre la defensa de su hija y la opción de quedarse junto al poder representado por su marido, Rosario Murillo eligió lo segundo. En una conferencia de prensa, acuerpada por todos los hermanos de Zoilamérica, la madre declaró a su hija “loca, mentirosa y traicionera”. Así salvaba a Ortega, apuntan fuentes cercanas a la familia y el partido sandinista, a cambio de poder político. Desde entonces, Zoilamérica ha sido hostigada y perseguida por su progenitora quien, después de Ortega, es la persona más poderosa de la dictadura. “La copresidenta”, según le ha nombrado su esposo, preconizando un posible cambio en la Constitución del país para encajar ese cargo. 

A Zoilamérica le prohibieron trabajar, mantener encuentros públicos o hablar con otros sobre su caso. La callaron, amenazada por todo el peso del poder político que confiere un país de caudillos. Con el retorno a la presidencia de Ortega, en 2006, la presión fue mayor, sobre todo la de su madre. La primera dama ganaba cada año más preponderancia en el Frente Sandinista y el Gobierno de su marido, hasta que, en 2017, Ortega la ascendió a vicepresidenta, tras unas elecciones plagadas de irregularidades. Así se situó en la primera línea de sucesión constitucional del poder.

Zoilamérica dirigía la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI), una oenegé que la primera dama asfixió económicamente: le prohibió a los Gobiernos como el de Noruega proveer a la organización cooperación internacional. “Yo por mucho tiempo no pude hacer activismo porque no tenía más que mi propia voz y tenía que dedicarme a sobrevivir. Este es exactamente el modus operandi de mi madre: además quitarte la dignidad y que la incertidumbre te venza. Juega con todos estos detalles que te mantienen conectado con una suerte de castigo”, me dice Zoilamérica, una tarde de marzo en San José, Costa Rica, diez años después de haberse exiliado en este país, y donde ha seguido siendo acosada.  

Ha sido un acoso muy simbólico: por ejemplo, la mañana del 30 de septiembre de 2019, Zoilamérica se asomó por la ventana y vio algo inquietante afuera de su casa en San José: Un viejo jeep marca Suzuki con dos banderas de Nicaragua obstaculizando el parqueo. Dentro del auto, estaba un hombre mayor que vestía con ropa de camuflaje militar. Sobre el tablero,  estaba un gallo blanco de cresta roja. El gallo aleteaba sobre la guantera. “Un gallo vivo”, describe con sobresalto Zoilamérica. De inmediato, el estribillo de la canción sonó en su cabeza: “¡Ese es Daniel, Daniel Ortega; es el gallo ennavajado…!”. La canción que el caudillo sandinista usó en la campaña electoral de 1990, siete años antes de que ella interpusiera su denuncia de abuso sexual. Una canción que es una loa a la virilidad de su abusador que, ese año, perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro. 

Zoilamérica, que ahora se desempeña como catedrática en una universidad costarricense, analiza el encono de su madre contra ella y lo compara con el sufrido por las presas políticas: “En el caso de las mujeres de Unamos (Tamara, Ana Margarita, Suyen y Dora María), el ensañamiento ha sido, en esencia, porque ellas salieron de su propia casa,  de su casa política, el Frente Sandinista. Podría decir que es otra manifestación de lo que yo viví. Es decir, personas que se salieron de su propia casa, como yo. Eso, para quien tiene un pensamiento fundamentalista y de incondicionalidad ciega se vuelve más imperdonable que lo que pueda hacer una persona a la que mi mamá siempre ha considerado opositora”. 

Zoilamérica ha tenido un largo proceso de sanación; un recorrido que le resulta inacabable ante la persecución sin cesar. Resulta muy complicado explicarle a sus hijos que su abuela, la poderosa vicepresidenta encubrió el abuso sexual contra ella. Y encima, le ha tocado protegerlos a ellos, mientras la atacan por no someterse y no desistir en su testimonio vivo de denuncia contra el abuso sexual. Zoilamérica ve reflejado en el maltrato a las presas políticas de El Chipote la violencia física y simbólica que ella ha padecido. 

“Por desgracia, mi madre tuvo que utilizar muchas formas de agresión, que utilizó primero conmigo, contra las presas políticas. Ella siempre trata de identificar la vulnerabilidad y, en las mujeres, sabe encontrar qué es lo que más te puede afectar, lo que más te puede doler”, reflexiona Zoilamérica. “Precisamente, ese manejo de lo más cruel, por lo que representa para una mujer sus hijos, su familia, el temor hacia la pareja, la culpabilidad… (supone) una serie de elementos de violencia psicológica, fundamentados en temas de la esencia de lo femenino. Yo creería que muchas de esas formas de violencia, en algún momento, ella las vivió y, hoy, las vuelve más sofisticadas para expresarlo hacia otras personas”. 

Zoilamérica insiste que su madre se “sintió traicionada” cuando ella salió de casa “y rompió el silencio” en 1998. “Desde entonces yo me convertí en su enemiga. Algo similar ocurre con Ana Margarita, Suyen, Tamara y Dora María. Ella no sabe cómo ubicar a una mujer que la enfrenta. Desgraciadamente, en psicopatología hay muchas cosas que uno no entiende, pero al observar el tipo de tratos contra ellas, encontrás el aislamiento y castigarlas psicológicamente en El Chipote. ¿Por qué? Porque ella esperaba que de esa manera pudiese matar algo en ellas para toda la vida, que es lo que quizás también en algún momento intentaron conmigo”. 

Aunque le cuesta reconocerlo, porque dice que puede sonar apologético, Zoilamérica tiene una teoría: que su madre tiene “un serio conflicto con ser mujer”. “Ella tiene su propia historia, una infancia y una relación conflictiva con su madre, mi abuela. Así enfrenta mi historia, una en la que su propia hija se vuelve su enemiga. Por lo tanto, hay una tendencia en ella en ver en toda mujer a una adversaria”, dice la experta quien por años ha trabajado en resolución de conflictos. “Por eso ella se tiene que acercar a Daniel Ortega para que no siga generando más actos de pedofilia y, en vez de responsabilizarlo a él por estos abusos, lo hace con las víctimas. Toda mujer ante ella es una potencial enemiga”. 

Me encuentro con Zoilamérica unos días antes del 8 de marzo en San José. Es un Día Internacional de las Mujeres muy particular para las feministas nicaragüenses. La mayoría están exiliadas y desterradas en Costa Rica. Luego de casi cinco años de no poder marchar en Nicaragua por la reivindicación de sus derechos, lo hicieron sin represión en la capital tica a flor de piel, porque en febrero el régimen Ortega-Murillo despojó a varias de ellas de su nacionalidad. Feministas mayores de edad que salieron por veredas para preservar su libertad. 

“Saña” es una palabra que todas las mujeres atropelladas por la vicepresidenta Murillo y Ortega repiten. No sólo para las integrantes de Unamos sino en general para el movimiento de mujeres. Existe consenso en que el origen de ese encono es 1998, cuando las feministas –muchas de ellas sandinistas que participaron en la Revolución, y ahora desterradas– acompañaron a Zoilamérica en su denuncia de violación. 

María Teresa Blandón es líder feminista, ha sido desterrada y su organización, el Movimiento Feminista La Corriente, ha sido cancelado y confiscado. Asegura que el Frente Sandinista “tiene una vieja marca sexista, misógina, autoritaria y utilitaria de las mujeres”. “Adversan las ideas feministas que suponen un cuestionamiento al poder abusivo y autoritario. Cuando oigo los relatos de las mujeres que fueron encarceladas injustamente y ahora desterradas, desnacionalizadas, confiscadas, pues es clara la saña. Es decir, hay una saña particular contra las mujeres, porque vengándose con las presas políticas, también se vengaban de todas nosotras”, dice y también coincide que la fractura total ocurre cuando ellas plantan cara a uno de los hombres  más poderosos de la política en Nicaragua y le dicen, arropando a Zoilamérica, que “las feministas no son cómplices de ningún tipo de violencia contra las mujeres”. 

“Hay una interpretación de mi mamá de que lo que hubo en aquel momento fue un acto político contra ella, en vez de respaldarla a ella… y por lo tanto, en la sumatoria de la historia, ella encuentra  que quienes más han adversado su poder han sido mujeres”, sostiene por su parte Zoilamérica. Los años siguientes fueron una pesadilla para el matrimonio Ortega-Murillo: a donde viajaban, las feministas los recibían con protestas contra el viejo caudillo sandinista, encabezadas con pancartas con el nombre de su hijastra.  

“Recuerdo que el último viaje que hicieron en ese momento fue una toma de posesión en Honduras, donde las mujeres tenían mi foto en la calle. Esos episodios representaban para ellos, considerados líderes en la historia, una vergüenza que no podían aceptar”, continúa Zoilamérica. “Y eso me lo mencionaron cuando me forzaron a retirar mi denuncia de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”. 

Rosario Murillo fue clave para que su esposo regresara al poder. Después del pacto político con Arnoldo Alemán, que rebajó el techo electoral para ser electo mandatario a 35%, la futura primera dama reconvirtió a Ortega. Le quitó la casaca verde olivo y lo tiñó con los colores rosado chicha y fucsia. La campaña electoral tenía como ejes centrales la “reconciliación” y el “amor”. Sentimientos que no duraron mucho… Las primeras en ser embestidas fueron las feministas, quienes criticaron abiertamente la derogación del aborto terapéutico en Nicaragua ejecutada por el gobierno entrante de Ortega para congrasiarse con la iglesia y, por ende, obtener apoyo político y lograr la presidencia en 2006. 

En octubre de 2008 la policía allanó el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y la Fiscalía formuló una acusación de lavado de dinero. Era un tiempo de ataque desde los medios de comunicación oficialistas contra las mujeres, como la periodista Sofía Montenegro, quien en febrero pasado huyó de Nicaragua porque la declararon apátrida y confiscaron todos sus bienes. El rencor de Murillo contra las feministas quedó patente en un extenso artículo publicado el 27 de agosto de ese mismo año en los medios oficiales del régimen. Un ataque contra “el feminismo de baja intensidad”. “El feminismo, que quiso ser ruta de derechos de las mujeres, si hubiese postulado un feminismo humano e incluyente, degeneró hasta convertirse en un peón más del Imperio, que lo dispone en sus articulados programas y operaciones ‘perfectas’, de ajedrez político, para desprestigiar, dividir, y supuestamente vencer”, escribió la primera dama. 

Cada párrafo del artículo está cargado de improperios y argumentos antiimperialistas que, con el paso de los años, fueron subiendo de tono hasta las protestas de 2018. “A través de sus tiranías electrónicas, las agentes descobijadas han desatado un terrorismo político sin precedentes contra liderazgos, honras, reputaciones y contra la más elemental dignidad humana de personas y familias enteras (...) En su perturbado afán de destrucción política, y de desintegración familiar, a las afanadoras de las oligarquías, no las detiene nada. No tienen escrúpulos ni corazón, para conmoverse ante niñas tiernas, o niñas adolescentes, a quienes agreden y violentan, precisamente a nombre de su cada vez más falaz, lucha contra la violencia (...) Estamos frente a una prostitución política, con vozarrón de macho cabrío, y sombrero de Tío Sam”. 

Entre toda la violencia política que Nicaragua ha sufrido desde 2018, la ejercida desde el poder contra las mujeres ha sido más sombría, perversa y calculada, coinciden las mujeres consultadas. Las que hasta ahora han hablado, y las que lo harán más adelante en este artículo, han sido atropelladas de alguna forma, ya sea simbólica o patrimonial. Zoilamérica, que es una de las primeras víctimas y que lo ha sufrido todo, resume la razón de tanto odio en una sola frase: “Las grandes perseguidoras y justicieras de Daniel Ortega han sido las mujeres”. Pero también es honesta referente a Rosario Murillo: “Duele ver a la persona que te dio la vida haciendo estos crímenes. Nunca me voy a acostumbrar, pero tenemos que pensar que son capaces de todo”. 

III. “Joden, joden y ¡joden!”

La activista y feminista Ana Quirós agredida en 2018 por turbas sandinistas. Foto: Cortesía.

El 18 de abril de 2018, el día que nació la rebelión cívica contra Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, las turbas sandinistas le partieron la cabeza de un cadenazo a la feminista Ana Quirós. También le fracturaron dos dedos que, cinco años después de la agresión, aún no recuperan toda su movilidad. Vive en Costa Rica exiliada desde noviembre de 2018 cuando el régimen le canceló su nacionalidad nicaragüense y oficiales de migración la expulsaron a Costa Rica, a través de la frontera de Peñas Blancas. La especialista en salud pública se carcajea cuando le digo que va a entrar en los récord Guinness: es la primera persona que conozco a quien le han cancelado dos veces la misma nacionalidad. 

La última vez fue el 15 de febrero de 2023. La incluyeron en una lista de 94 personas, entre opositores, periodistas, campesinos, feministas y líderes sociales. “Es parte de esa rabia de querer borrarnos de la historia, pero eso nunca lo van a lograr”, promete Quirós. El segundo despojo de su nacionalidad ocurrió menos de una semana después que el régimen desterró hacia Estados Unidos a 222 presos políticos. De ese nutrido grupo, 33 eran mujeres. Muchas de esas excarceladas son amigas y compañeras de Quirós. Mujeres, dice, que para una dictadura totalitaria que no tolera ninguna voz crítica “son un mal ejemplo”. “Un mal ejemplo porque no nos callamos. Nunca dejamos de criticarlos y eso es peor que tener una pulga en el trasero porque seguimos: joden, joden y ¡joden! Es un mal ejemplo que les duele en el extremo”, dictamina. 

La reivindicación de los derechos de las mujeres nunca ha cesado en la historia reciente de Nicaragua. Las feministas son de los movimientos más organizados del país y han llevado sus luchas a otros espacios de participación ciudadana, pero también se han puesto en primera fila, junto a la ciudadanía, a repudiar la represión. Durante las protestas sociales de 2018 denunciaron y documentaron los patrones “machistas y misóginos” en la represión policial y paramilitar. En los registros de organismos defensores de derechos humanos abundan los testimonios de abuso sexual de las mujeres detenidas, ya sean en prisiones o cárceles clandestinas de paramilitares.

Si bien la represión de 2018 ha sido una de las más nefastas registrada en la última década en América Latina, cuyo saldo más trágico ha sido el asesinato de 355 personas, un grupo de expertos de Naciones Unidas concluyó en un exhaustivo informe que Ortega y Murillo comandaron una masacre con tintes de lesa humanidad. Una represión sostenida hasta la publicación de este reportaje cuyos “elementos, todos, se pueden ver en los juicios de Núremberg” contra los nazis, me dice Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés). 

Un compendio de atrocidades que el Ghren determina “tuvieron dimensiones específicas y generaron impactos diferenciados por razón de género”. Una de las más graves es la violencia sexual como forma de tortura. Antes de conocerse el informe del Ghren, en septiembre de 2020, un tribunal de conciencia simbólico fue realizado en Costa Rica. Once mujeres y siete hombres narraron las violaciones sexuales de las que fueron víctimas durante las protestas en Nicaragua. Las juezas del tribunal de conciencia fueron las juristas Almudena Bernabéu, Clemencia Correa, Alda Facio y Sonia Picado, todas expertas internacionales y defensoras de derechos humanos. Las víctimas denunciaron violaciones múltiples luego de ser capturadas, quema de genitales con ácido, tocamientos y manoseos en partes íntimas, obligación de desnudez absoluta, apretones y mordiscos en los senos. 

Todas las mujeres que acudieron al tribunal de conciencia fueron violadas sexualmente y dos sufrieron abortos provocados, una por los golpes durante la captura y la otra por la aplicación de un suero en prisión. La socióloga Elvira Cuadra es autora de un profundo informe titulado “quebrar el cuerpo, quebrar el alma”, y sostiene que las formas de la violencia sexual han sido variadas y crueles. “Además”, alerta, “que no han sido utilizadas como forma de tortura solamente en el caso de mujeres; sino también en contra de personas de la comunidad LGBTIQ+ con el propósito de degradarlas en tanto ‘cuerpos feminizados’ y por lo tanto, deben ser sometidas por el poder para reafirmar su subordinación”.

Rosario Murillo de copilota en el Mercedes Benz blindado que conduce “el presidente de los pobres”, Daniel Ortega. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.

Cuadra identifica, desde 2018, tres momentos claves en la violencia sexual contra las mujeres. Contra las primeras presas políticas que tuvo un patrón de detención en cárceles clandestinas, agresiones físicas, violaciones sistemáticas y

múltiples. “En estos casos, obligaron a las mujeres y sus familias a guardar silencio”, revela el informe. Entre 2018 y 2019, hubo agresiones físicas, verbales y tratos denigrantes, crueles y abusivos. Y con las últimas presas políticas en El Chipote los manoseos y tratos degradantes se extendieron a sus familias quienes llegaban a visitarlas a la prisión. En la novena visita a los presos políticos, en julio de 2022, los familiares denunciaron que las mujeres fueron obligadas a desnudarse ante las custodias para poder ingresar a El Chipote. “Nos desnudaron, nos tocaron los senos para ver si no llevamos cosas y a las que llegan de pantalón hacen que se los bajen… y nos tomaron fotos de distintos ángulos”, recuerda Margine Pozo, esposa del cronista deportivo Miguel Mendoza.  

Todos estos episodios denunciados estuvieron mediados por armas de fuego de alto calibre. La socióloga Cuadra, exiliada en Costa Rica, desnacionalizada y también confiscada, explica que el hecho de que los hombres usen armas en el contexto de la crisis “contribuye a potenciar al macho, que es instrumentalizado por el Estado para reprimir y hacer uso de la violencia contra las mujeres. Algunos tienen vocación para hacer el mayor daño posible, de manera que sacan ventaja en los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados”. 

Zoilamérica Ortega Murillo identifica en estas denuncias de violencia sexual “códigos”, pero sobre todo recuerda la orden fulminante del “vamos con todo” que la vicepresidenta Murillo dio en 2018 al aparataje sandinista, a partir de la cual se articuló la masacre. Fidel Moreno, escudero de la primera dama, fue quien transmitió la orden completa de irse con todo “porque no vamos a dejar que nos quiten la Revolución”. Una de las secretarías políticas sandinistas que estaban presentes en esa reunión me dijo que no había ninguna limitación para intentar de todo para desarticular las protestas. 

“En esa orden venía el permiso de matar. Ella no dijo maten, pero en estos códigos de subordinación, que vienen construidos por ella, viene implícito el permiso de hacerlo. Es decir, si un superior te dice hacé hablar a una mujer (prisionera), no me digas entonces que no podés, porque para eso usted tiene el código de usar la feminidad, ese componente de tortura sexual. Todo esto fue permitido a través de las órdenes dadas”, insiste.   

Para los expertos de la ONU, la elección de la violencia sexual como método de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante “no es casual”, sino que “tiene una dimensión expresiva o instrumental de género”. “En este sentido, el uso de la violencia sexual es una manifestación de problemas sistémicos más complejos de desigualdad de género. Ello muestra una voluntad de ejercer control, poder y dominio sobre el cuerpo y la vida de las víctimas, de desestructurarlas y reducirlas a una posición desvalorada y de sumisión”, acota el informe presentado ante el consejo de derechos humanos en Ginebra. 

Ana Quirós opina muy parecido a Zoilamérica: “la armadora” de la violencia política contra las mujeres es la vicepresidenta Murillo. La feminista no exime a Ortega de responsabilidades, pero entiende de la siguiente manera el binomio presidencial: “Realmente no creo que Daniel Ortega tenga seso para ser tan maquiavélico con todo lo que nos han hecho a nosotras. Creo que la armadora es Rosario Murillo y esto no exime a Daniel Ortega en ningún momento”. 

Si bien ambos comparten el poder en Nicaragua, fuentes allegadas al sandinismo coinciden que el estilo de la vicepresidenta Murillo es más visceral. Es una mujer que explota y arrolla sin detenerse a calcular las consecuencias políticas de sus actos, mientras que Ortega es más calculador, pero tampoco hace nada por intervenir cuando su esposa ordena, por ejemplo, perseguir a otras mujeres. De acuerdo al recuento de IM-Defensoras, desde 2018 170 feministas han sido desplazadas forzadamente. De todas ellas, 60 han sido desterradas; aunque existe un subregistro porque muchas no lo han denunciado públicamente. 

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Activistas feministas, entre ellas María Teresa Blandón (camisa roja con bandera de Nicaragua), marchan el ocho de marzo en San José, Costa Rica.

Foto: Carlos Herrera | Divergentes. 

“Probablemente este es el peor momento que vive el movimiento feminista nicaragüense”, me dice María Teresa Blandón. “Más de 200 organizaciones feministas y de mujeres han sido clausuradas. Casi la totalidad de las organizaciones que tenían casas y otro tipo de bienes han sido confiscados de manera absolutamente ilegal. Ahora ya no es posible hacer ningún tipo de actividad dentro del país porque hay un sistema permanente de vigilancia en contra de las feministas y las defensoras de derechos humanos. Y por supuesto, las que estamos afuera hemos tenido que dedicar todas nuestras energías a ser voceras solidarias de las mujeres, pero también de los hombres que están dentro de Nicaragua sufriendo este nivel de violencia institucionalizada. Pero también estamos en reacomodo en el exilio con todas las dificultades y las tensiones que eso supone”, agrega la directora del Programa Feminista La Corriente en cuya sede, en Managua, el gobierno ha instalado una escuela de danza. 

Zoilamérica está segura que “Daniel Ortega aplaude y se divierte” con lo que hace su mamá. Él participa en la aprobación de todo, ya que para eso le ha dado poder casi absoluto a la primera dama. “Pero él no tiene inteligencia para llegar a tanta saña en estas prácticas contra las mujeres. Realmente él siempre se ha reído de la actitud impulsiva de ella. Recuerdo que en los años noventa le tiró una mesa encima a un funcionario por no pedirle permiso para tomar un cupón de gasolina. Reírse de estas prácticas violentas es una suerte de machismo, de reírse de la mujer que hace locuras. Desgraciadamente hoy esas locuras se vuelven políticas de represión y de persecución, de políticas de Estado. Hay una responsabilidad que se comparte. Es parte de la cadena de deshumanización que ellos han generado”, insiste. 

Sin embargo, si se escuchan las alocuciones diarias de la vicepresidenta Murillo en cadena nacional, uno ve otra Nicaragua. Un país que es el edén mismo para las mujeres en la tierra. El pasado ocho de marzo dijo que las mujeres nicaragüenses “han sido respaldadas”. “Reconocidas y apoyadas, porque merecemos ser respaldadas, reconocidas y apoyadas en todo momento. És Justicia. No és dádiva. No nos han regalado nada... És Justicia! Y el Comandante Daniel ha sabido reconocer el Derecho de cada una de nosotras, y el Deber del Estado nicaragüense, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de ser justos y reconocer nuestros Derechos... El Deber de Reconocer nuestros Derechos! (sic)”, dijo la funcionaria, tan sólo 19 días después que unos policías confiscaron y allanaron la casa de las intelectuales feministas Sofía Montenegro y Azahálea Solís. Ha sido la consumación de la persecución contra las mujeres, en un país donde ya no quedan muchas feministas. Y las que quedan en Nicaragua, como toda voz crítica, viven en la clandestinidad, confiadas en que otras de sus compañeras desterradas no callen. 

“Rosario Murillo es misógina y su marido también. Y hay un odio jarocho contra las mujeres, porque yo creo que las mujeres representamos, particularmente las feministas, lo que nunca en su vida ha logrado ser Rosario Murillo”, zanja Montenegro con una sonrisa de satisfacción en San José Costa Rica el ocho de marzo, desprendida ya, dice tras la confiscación y congelamiento de sus cuentas bancarias, “de lo material”. 

DesAutorizadas es un especial transfronterizo y multimedia que cuenta cómo este retroceso impacta en las mujeres de cinco países de la región.